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Ciudad de Panamá/La semana inicia con la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional instalada y operativa.
A pesar de las disputas en las comisiones de Credenciales y Gobierno, que terminaron bajo el control del partido Realizando Metas, la presidencia de Presupuesto recayó en un diputado de Cambio Democrático, Eduardo Vásquez, con apoyo decisivo de la coalición Vamos.
Pero las disputas en las otras comisiones sugieren que, aunque el oficialismo no controlará la comisión de Presupuesto, tampoco está claro cuán firme será el control de la oposición sobre la misma.
El presidente de la Comisión, Vásquez, tendrá un papel central en cuanto a su manejo de la agenda, pero la atención pública también se dirige a los diputados de Vamos y los nuevos entrantes de otros partidos a la comisión.
En vez de limitarse a reclamos locales, estos han mostrado interés por el desglose técnico de los documentos y la lógica detrás de los números. Esta actitud permite que el público entienda mejor cómo se estructura el presupuesto y eleva el nivel de escrutinio.
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La comisión proyecta un tono distinto al de periodos anteriores. Varios diputados reconocen hoy día que este espacio es una vitrina pública y se preparan para usarlo.
El precedente lo dejó el exdiputado Juan Diego Vázquez, quien transformó la comisión en una tribuna contra el gasto irresponsable, tema cada vez más relevante en la imaginación pública debido al alto costo del dinero.
Los nuevos diputados de la comisión estudian la terminología y los procesos presupuestarios para intervenir con mayor propiedad. Y esta tendencia augura debates más extensos, más técnicos y quizás menos centrados en clientelismo, con discusiones sobre la lógica y las prioridades nacionales.
El presupuesto se presentó al cierre de julio, pero su discusión se ha retrasado hasta finales de agosto por conflictos políticos. Este rezago amenaza el calendario, pues la Asamblea debe concluir su periodo ordinario en octubre.
La semana que inicia hoy servirá para la preparación. Los diputados de la comisión ya recibieron los voluminosos “pormenorizados” impresos, que detallan gastos por provincia, proyecto y entidad, y cuya revisión exige tiempo por la falta de versiones digitales.
El miércoles, 19 de agosto, el ministro Felipe Chapman irá personalmente a presentar el presupuesto ante la comisión. Y el lunes siguiente empiezan las vistas presupuestarias con cada entidad pública.
La expectativa es que este año todas las entidades puedan tener su vista presupuestaria ante la comisión, ya que el año pasado, las vistas se suspendieron debido a la premura por aprobar la ley de presupuesto antes que se cerrara la ventana de tiempo disponible.
El debate presupuestario no solo girará alrededor de las cantidades asignadas a cada institución, sino también el texto normativo del presupuesto.
Estas cláusulas, escritas en lenguaje técnico, pueden alterarse con mínimas variaciones de redacción que cambian, a su vez, los efectos legales y las formas del gasto.
Por esto, los diputados y sus equipos deberán leer con cuidado los más de 100 artículos que componen la parte cualitativa del presupuesto para detectar cualquier cambio sútil que impacte la ejecución del gasto.
Una innovación clave del texto de presupuesto para 2026 es que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) podrá ajustar el gasto en tiempo real si el déficit, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos públicos, corre el riesgo de superar la cifra permitida por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia confirmó mediante un fallo que la Asamblea no puede bloquear estos ajustes.
Con tal decisión de la Corte, el MEF ganó poder directo sobre la ejecución presupuestaria, limitando proyectos y desembolsos sin la necesidad de un visto bueno político.
Detalles
Uno de los puntos de mayor interés usual para el público es si la Asamblea intentará aumentar su propio presupuesto. En la versión que se revisará en la comisión, se establece que la entidad recibirá el próximo año el mismo monto que en el año corriente.
Además, existe la pregunta de si se mantendrá o modificará el monto mínimo para que un traslado de partida deba ir a la comisión. El MEF propone elevar tal mínimo de $300 mil a un millón de dólares, lo que le daría mucha más flexibilidad técnica en su control presupuestario.
Y también se espera que los diputados reclamen explicaciones sobre el estado de la infraestructura del país, incluyendo hospitales y otras obras de gran tamaño.
Estas preguntas siempre terminan revelando información crítica sobre el estado real de los servicios públicos.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó recientemente que el Gobierno Nacional ha recurrido a préstamos bancarios internacionales para aprovechar tasas más bajas, pero que retornará al mercado de bonos cuando las tasas de interés bajen, posiblemente a mediados del próximo año.
Ahora bien, empresas financieras internacionales, como el banco británico Barclays, anticipan que Panamá necesitará emitir al menos $3,000 millones en bonos antes del cierre de este año para comenzar a financiar el gasto de 2026, y entre $3,000 y $4,000 millones adicionales en el primer semestre de 2026.
En su primera sesión, la semana pasada, la Comisión de Presupuesto analizó traslados de partidas del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).
El debate fue largo, técnico y culminó en una decisión de frenar un traslado de partida relativo a la contratación de consultorías por parte del IDAAN.
Este primer ejercicio parece confirmar que la comisión, como está hoy conformada, será mucho más detallista y activa en regular el gasto público, bajo el control de la oposición.