Presupuesto 2026: Una nueva regla de gasto para blindar el grado de inversión
El presupuesto general del Estado debe reflejar las prioridades nacionales. Pero también sirve como un campo de batalla político.
Ciudad de Panamá, Panamá/El presupuesto presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, para el próximo año destaca por dos razones. Primero, es el más grande en la historia del país. Y segundo, contiene un cambio sutil que podría transformar la forma en que Panamá entiende y maneja sus finanzas públicas.
Este cambio introduce una nueva regla fiscal que ata la ejecución del presupuesto al límite de endeudamiento del país. Y así, redefine la filosofía presupuestaria nacional.
Pero para comprender el impacto de tal cambio, debemos entender antes las reglas de gasto que contiene el presupuesto y la situación del déficit nacional.
Reglas
Un presupuesto no es solo una lista de números y montos para cada institución.
Además de la parte numérica, incluye disposiciones que determinan cómo se gasta, mueve y paga el dinero del Estado.
Estas reglas son tan decisivas como las cifras. Un gran monto puede quedar inutilizado si las normas restringen su uso o lo obligan a destinarse a fines distintos a los inicialmente contemplados.
Por esto, los números del presupuesto deben leerse siempre en el contexto de las reglas que condicionan el gasto.
Déficit
El déficit fiscal surge cuando el Sector Público No Financiero (SPNF) gasta más de lo que recibe en ingresos.
Para referencia, el SPNF incluye los ministerios, la Asamblea Nacional, el Órgano Judicial, las instituciones descentralizadas y las empresas públicas, a la par que excluye el Banco Nacional y la Caja de Ahorros.
Si ocurre lo contrario, es decir, el SPNF recibe en ingresos más de lo que gasta, decimos que hay un superávit, como sucedió alrededor de inicios de la década pasada.
Fue tal superávit lo que ayudó a Panamá a obtener el grado de inversión, que representa una señal de confianza para los prestamistas internacionales.
Cuando hay déficit, se cubre con deuda. Y el tamaño del déficit se expresa como un porcentaje del producto interno bruto (PIB), no porque el PIB genere ingresos directamente, sino porque, como el crecimiento económico aumenta la capacidad de pago, también puede justificar un mayor endeudamiento.
Como el PIB de Panamá rondará los $90,000 millones al cierre de este año, cada 1% de déficit representa $900 millones.
Desborde
En 2024, el déficit superó el 7% del PIB, una cifra alta incluso comparada con el 10% autorizado durante la pandemia del COVID-19.
Más de una década antes de la pandemia, en 2008, Panamá se comprometió a mantener el déficit en 1% para demostrar disciplina fiscal, pero en estos últimos 17 años, se ha modificado esa meta siete veces.
Esta inestabilidad preocupa a los inversionistas y, cada vez que Panamá aumenta su margen de déficit, reduce su credibilidad y encarece su deuda.
Cambios
La última reforma al límite fiscal, en 2024, fijó metas decrecientes: 4% del PIB para 2025, 3.5% para 2026, 3% para 2027 y 2.5% para 2028.
Cumplir con este techo decreciente será difícil.
Los pagos de intereses crecen, la planilla pública va en alza por aumentos automáticos a los salarios de los funcionarios y el Tesoro Nacional tendrá que transferir mil millones de dólares al año a la Caja de Seguro Social para mantenerla a flote.
Hoy, el país se endeuda para cubrir gastos básicos. Y de faltar a un pago y perder el grado de inversión, se elevarían aún más los intereses, lo cual nos obligaría a ajustes severos que traerían consigo el riesgo de inestabilidad social.
El déficit, por tanto, está directamente vinculado a la estabilidad política.
Propuesta
Por todo esto, el ministro Chapman propone que, en lugar de calcular el déficit al cierre del año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lo mida continuamente y ajuste el gasto en tiempo real para evitar sobrepasar el límite.
Esto convertiría el déficit en un freno directo al gasto, desplazando la práctica de años pasados de gastar libremente y luego evaluar el resultado.
Además, el texto de presupuesto para 2026 busca centralizar más control del presupuesto en el MEF, permitiendo también usar excedentes de instituciones descentralizadas para balancear los libros.
Todos estos cambios enviarían un mensaje claro a los acreedores del país: Panamá vigilará de cerca su déficit y actuará a tiempo para cumplir la regla fiscal.
Soberanía
Sin el control técnico del MEF, la presión política podría disparar el gasto, elevar la deuda y llevar al país al punto de tener que pedir dinero prestado de instituciones internacionales crediticias.
Estas instituciones usualmente prestan dinero con condiciones, las cuales necesariamente limitan la autonomía del país en decidir cómo estructurar su gasto público.
Es por este motivo que cumplir con la regla fiscal no es solo un tema de disciplina financiera, sino que, de hecho, es una decisión que le permite al país preservar un mayor grado de soberanía económica.
Políticas
El presupuesto general del Estado debe reflejar las prioridades nacionales. Pero también sirve como un campo de batalla político.
Y sin consensos sobre la dirección del país, ni reglas ni cifras que garanticen disciplina, las decisiones de gasto tan solo responderán a disputas de poder.
Por tanto, para lograr una verdadera estabilidad presupuestaria a mediano y largo plazo, se requiere de una cultura general de finanzas públicas donde la opinión popular blinde al presupuesto contra la manipulación política.
Sin tal cultura presupuestaria, incluso los planes de gasto más sólidos podrán verse desviados, al llegar a su fase de ejecución, por intereses clientelistas.
Soluciones
Panamá no solo tiene un déficit fiscal, sino uno institucional.
Aún faltan suficientes entidades públicas sólidas y una masa crítica de ciudadanos informados que puedan proteger el presupuesto contra su desfiguración para favorecer intereses de políticos particulares.
Recientes escándalos en el otorgamiento de fondos de la descentralización y de ayudas económicas servirían como pruebas de esta realidad.
Hoy, la reacción pública resulta tardía. Los escándalos estallan y generan ruido, pero los daños ya están hechos.
Una solución efectiva que ha sido ejemplificada por otros países, como el Reino Unido, es dotar a la población de herramientas, como los presupuestos abiertos, y de una cultura fiscal general para así anticipar y frenar estos desvíos antes de que comprometan la estabilidad nacional.