Rendición de cuentas: muchas cifras, poca sustancia

Ciudad de Panamá/Finalmente el 31 de diciembre pasado el gobierno decidió soltar la prerrogativa para comprar a través de un proceso especial de adquisiciones que se ampara en el Artículo 79 de la Ley de Contrataciones Públicas, al cual se aferró para comprar desde publicidad hasta tanques de oxígeno, pasando por bonos de supermercado y transferencias monetarias, todo sin obligación de licitar ni publicar los documentos en Panamá Compra, sin fianzas y en algunos casos, sin que la tinta en la orden de proceder se secara del todo.

Así, el monto inicial designado en marzo de 2020 por el gobierno de Laurentino Cortizo para las “compras de emergencia” era de 50 millones de dólares. Con los meses, el estado de emergencia se fue extendiendo y los montos se fueron aumentando. Finalmente, el monto asignado al Ministerio de la Presidencia para manejar la pandemia –incluyendo la transferencia a otros ministerios y entidades- ascendió a 3,544.99 millones de dólares hasta el 31 de diciembre pasado, tras 22 meses de emitida la resolución que declaró el estado de emergencia el 13 de marzo de 2020.

Del total, 2,073.30 millones (el 58%) se distribuyó para el plan Panamá Solidario, que incluyó la repartición de bonos de supermercados, vales digitales y vales físicos, compra de insumos y otros gastos. El resto, 1,470.68 (42%) millones fueron a parar a los presupuestos de compra por emergencia en los diferentes ministerios.

Los informes serán presentados por las entidades al Gabinete en abril, y luego de eso tendrán cinco días más para publicarlos. Es decir, con un desfase de más de dos años es que la ciudadanía podrá conocer –quizás no contrastar- los desembolsos que ha hecho el gobierno por casi dos años.

La Presidencia contrató por 139 mil dólares a la firma auditora BDO para que certificara que “llevó controles idóneos de registros de los fondos asignados”. La auditoría no se ha hecho pública tampoco. También apeló a auditorías y vistas fiscales por parte del Ministerio Público para negar que adquirieran ventiladores.

La tónica de la pandemia ha sido la publicación de cifras en cuadros muy simpáticos pero sin mayor contexto. El apelativo “rendición de cuentas” se ha traducido en páginas enteras de pauta semanal en los diarios nacionales con dichas cifras, nuevamente, sin mayor contexto. Así mismo, el mandatario rezó un rosario de cifras y proyectos el pasado 2 de enero en su informe ante la Asamblea y el contralor Gerardo Solís asistió unos días después al mismo recinto con un informe hablado que no admitía preguntas. ¿Es esto realmente rendición de cuentas?.

En términos técnicos, la rendición de cuentas es el informe rendido a la Contraloría General que debe hacer toda persona que reciba, recaude, maneje, administre, invierta, custodie, cuide, controle, apruebe, autorice o pague fondos o bienes públicos. Ésta obligación alcanza a las personas que administren por orden de una entidad pública, fondos o bienes pertenecientes a terceros y a los representantes de las sociedades o asociaciones que reciban subsidios de dichas entidades públicas. La obligación de rendir cuentas incluye el informe financiero correspondiente a la respectiva dependencia estatal. Además, la Contraloría podrá solicitar los comprobantes respectivos “cuando lo estime necesario”.

En términos más amplios, como explica Función Pública, la rendición de cuentas es la obligación de todos los poderes del Estado de informar, dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz a las peticiones de toda la ciudadanía y/o organizaciones, y debe incluir mecanismos de control, contrapeso y supervisión de los fondos públicos y el desempeño del aparato estatal. Por eso los gobiernos están evolucionando hacia presupuestos abiertos, incluso con participación ciudadana, donde es el contribuyente quien toma parte activa en la aprobación, rechazo, solicitud, discusión y evaluación del presupuesto de su comunidad.

En contraste, los escándalos por las compras en pandemia se contaban cada semana. Denuncias en los medios por sobreprecios, material usado vendido como nuevo, contrataciones a amigos, desvío de fondos de la emergencia para compras de lujo, la discrecionalidad, etc, etc, etc. Sumado a escándalos ampliamente documentados sobre el Hospital Modular, la compra de equipo hospitalario, entre muchos otros, que se quedaron en el tintero. Se abrieron investigaciones que se cerraron con informes de Contraloría que tampoco se hicieron públicos en su totalidad. Las presiones por las compras de insumos y medicamentos eventualmente llevaron a establecer una mesa conjunta de compras entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, que tampoco escapó de controversias.

Una evaluación del capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI) de los dos primeros años del gobierno denunció que la administración de Cortizo continúa por la ruta de la opacidad: “La obligación legal de transparencia y acceso a la información pública ha desaparecido, siendo reemplazada por silencios sin consecuencias. Bajo el manto del estado de excepción debido a la pandemia, los funcionarios callan ante las peticiones de información de periodistas y ciudadanos. Todo sucede ante la mirada impávida de la ANTAI, la Corte Suprema o la Contraloría” plasmaron en un comunicado emitido a mediados de junio del 2021.

Otra herencia de la pandemia y un retroceso grave a la transparencia, es la reserva por 10 años de las actas del Gabinete que decretó el Ejecutivo de Cortizo y Carrizo en agosto pasado, algo que según dijo a Radio Panamá Olga de Obaldía, directora ejecutiva de TI Panamá, es uno de los puntos grises que se requiere cambiar en la Ley de Transparencia.

La opacidad en la cosa pública también quedó como una secuela del covid. ¿Tendrá cura?