Standard & Poor’s pone presión al debate de las reformas a la CSS; ¿Diputados pisarán el acelerador?
Asamblea Nacional
Desde ayer, la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional estableció que atenderá a 40 personas por día durante las consultas públicas.
Ciudad de Panamá, Panamá/El futuro de las finanzas de Panamá está en juego. Mientras el proyecto de ley 163, que reforma la Ley 51 de 2005, orgánica de la Caja del Seguro Social (CSS), sigue generando debates entre el Ejecutivo, el Legislativo y la ciudadanía, las calificadoras de riesgo suman presión al panorama. Standard & Poor's Global Ratings acaba de reducir la calificación crediticia del país, colocándolo a un paso de perder el grado de inversión.
El principal argumento de la calificadora: el aumento de la deuda pública, agravado por la lentitud en los ingresos del Estado. Sin embargo, en su análisis, también destacan que la reforma a la CSS podría ser clave para estabilizar las finanzas públicas si se aprueba en su forma actual.
En su informe, S&P señaló: "El Gobierno presentó una reforma de pensiones destinada a hacer frente a los déficits, que podría dar lugar a transferencias extraordinarias a la Caja de Seguridad Social a corto y mediano plazo".
La aprobación de la reforma sería un paso importante para ayudar a estabilizar las finanzas públicas a largo plazo", dice el informe de S&P.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reaccionó destacando que "hay probabilidades muy altas de revertir esta calificación si se toman acciones eficientes en el manejo fiscal", aunque advirtió que la falta de decisiones concretas podría complicar el acceso al financiamiento para el gobierno nacional.
Chapman aseguró que el informe hace una reflexión sobre las consecuencias negativas que tendría realizar cambios o que la propuesta de la CSS sea modificada, buscando un equilibrio “temporal” que no le dé carácter de permanencia. "Llámese eso la propuesta que incluye los años de jubilación, muy concentrada en asegurarle a la población más joven que, cuando llegue su jubilación, esta esté garantizada y sea mayor que la que tienen hoy día, al igual que los otros aportes y condiciones incluidas en la propuesta".
Insistió en que la propuesta presentada a la CSS es prudente, responsable, equilibrada y sustentable a largo plazo.
Escuchar a la ciudadanía y buscar un consenso
En tanto, el secretario de la Comisión de Salud de la Asamblea, el diputado Carlos Tito Afú, reveló que ayer los nueve miembros de esta instancia se reunieron con el presidente de la República, José Raúl Mulino, para plantear inquietudes sobre el proyecto de reforma.
Entre los puntos señalados que, a juicio de los diputados, requieren reformas están el nuevo sistema de pensiones y los poderes que se otorgarían al director de la CSS, aspectos que han generado dudas tanto entre los diputados como entre los ciudadanos.
Afú insistió en que es necesario realizar ajustes al proyecto y anunció que se alcanzó un acuerdo con el Ejecutivo, el Ministerio de Salud y la dirección de la CSS para coordinar reuniones que permitan agilizar el análisis de los aspectos más críticos.
A pesar de la controversia, el presidente Mulino ha dejado claro que no retirará el proyecto, por lo que los diputados deben decidir si lo aprueban o rechazan antes del próximo 31 de diciembre, día en que culmina las sesiones extraordinarias.
Consultas limitadas y presión ciudadana
Desde ayer, la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional estableció que atenderá a 40 personas por día durante las consultas públicas. Sin embargo, las giras por las provincias, inicialmente previstas, podrían ser canceladas debido a la alta afluencia de participantes. El sábado, el diputado y presidente de esa Comisión, Alaín Cedeño planteó que están evaluando otras alternativas, por la gran cantidad de personas que están acudiendo a la Asamblea.
Ayer martes, varios jóvenes durante las consultas exigieron que no se apruebe la reforma. Hasta la fecha, 161 personas han tomado la palabra para expresar sus opiniones. Se espera que hoy continúen las consultas.
Mientras tanto, la reducción en la calificación crediticia por parte de S&P sigue siendo un recordatorio de los desafíos económicos del país y de la urgencia de tomar decisiones que equilibren las necesidades de la población.