Se agrava crisis económica y social en América Central

América Central está a las puertas de una ola de deportaciones de sus nacionales indocumentados en EE.UU. que agravará la precaria situación económica de la región y puede conducir a una "muerte segura" a miles que se han ido huyendo de grupos criminales como las pandillas.

EE.UU. anunció la detención y deportación de los inmigrantes centroamericanos que hayan ingresado de forma irregular a partir del 1 de enero de 2014, y de las familias que ya cuenten con una orden final emitida por un juez para ser retornadas a sus países de origen.

Las redadas iniciaron el pasado fin de semana en los estados de Georgia, Texas y Carolina del Norte, y en ellas se detuvo a 121 personas, la mayoría centroamericanos.

Los más afectados por la "ola de detenciones", que podría alcanzar a unas 3.000 personas según dijo el jueves el Parlamento Centroamericano (Parlacen), son los países del Triángulo Norte: Honduras, El Salvador y Guatemala.

El Triángulo Norte Centroamericano es una de las zonas más violentas y empobrecidas del mundo, con al menos 17.340 asesinatos en el 2015, aunque en ella no se desarrolla una guerra convencional.

Las autoridades atribuyen a los carteles del narcotráfico, que usan Centroamérica como puente de la droga que llega a EE.UU. -líder mundial en el consumo de cocaína- y a las violentas pandillas, la responsabilidad por la mayoría de los crímenes.

"La situación económica en nuestros países es muy dura y la llegada de miles de personas (deportadas de EE.UU.) vendría a agravar la crisis ya existente", alertó el Parlacen.

Los millones de centroamericanos que viven en EE.UU., la mayoría indocumentados, sostienen una parte importante de la economía del Triángulo Norte. Las remesas que envían representan alrededor del 17 % del producto interno bruto (PIB) de Honduras; el 16 % del PIB salvadoreño y alrededor del 10 % del PIB de Guatemala.

El Parlacen alertó además que "muchos" de los migrantes del Triángulo Norte se fueron "escapando de la violencia de las maras" o pandillas, y que "a su regreso les espera una muerte segura".

Los gobiernos del Triángulo Norte abogaron por que EE.UU. apruebe una "reforma migratoria integral", a fin de contribuir "a la solución estructural de esta problemática".

A juicio del experto en Derechos Humanos guatemalteco Jorge Santos, es importante que EE.UU. genere "otro abordaje" de la migración, no solo en cuanto a legislación, sino también en cuanto a "actitud".

Hay que generar una trato "mínimo humanitario" a esta población, porque "la migración no es un delito ni representa una amenaza", dijo a Efe Santos, exdirector del Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos (CIIDH).

Recalcó la "responsabilidad histórica" de EE.UU. en la realidad centroamericana, ya que con su intervencionismo a lo largo de los años ha generado "desigualdad" en la región, el principal factor que impulsa a sus ciudadanos a buscar el "famoso sueño americano" que "cada vez más se está convirtiendo en una pesadilla".

El analista y sociólogo salvadoreño Rafael Paz Narváez dijo a Efe que las actuales deportaciones tienen un "interés meramente electoral", en plena campaña de cara las presidenciales de noviembre próximo en EE.UU.

En ello coincidió el analista hondureño Raúl Pineda, quien explicó a Efe que las deportaciones son un tema que el magnate Donald Trump, precandidato presidencial republicano, ha puesto "en el centro del debate y al cual el Gobierno demócrata de Barack Obama tiene que dar una respuesta".

Estas acciones están orientadas "a satisfacer ese sentimiento, que no podemos desconocer, de la sociedad norteamericana, de rechazo a los migrantes, particularmente a los latinos", dijo Pineda, y opinó que las redadas y deportaciones de centroamericanos podrían "disminuir" en la medida en que se desarrolle el proceso electoral estadounidense.

Más allá de las razones estadounidenses para las deportaciones, la región centroamericana está consciente de que solo creando condiciones de vida aceptables podrá frenar la emigración constante del principal activo que tiene un país: su gente.

El Triángulo Norte promueve desde el 2014 el llamado Plan Alianza para la Prosperidad, una iniciativa que busca reforzar las instituciones, mejorar la seguridad y fomentar el empleo y la productividad, y que requiere miles de millones de dólares para su desarrollo.

El Plan cuenta con el apoyo de Estados Unidos, cuyo Congreso aprobó en diciembre pasado una partida de 750 millones de dólares, y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).