Condenan a peluquera por muerte de clienta tras liposucción en un salón clandestino
La Fiscalía calificó el procedimiento como una “intervención irregular”, pues la acusada no contaba con formación profesional en medicina ni con los equipos adecuados para garantizar la seguridad de la paciente.
Un caso de negligencia y práctica ilegal de procedimientos estéticos sacudió a Bogotá.
Se conoció la condena contra Brenda Gissele Celeita Angarita, una peluquera señalada de haber ocasionado la muerte de Laura Sofía Amaya durante una liposucción realizada en un salón de belleza de la localidad de Antonio Nariño, al sur de la capital.
El trágico hecho ocurrió el 15 de septiembre de 2023, cuando Amaya acudió al establecimiento denominado Revovvastyle Spa, recomendado por conocidas que aseguraban la experiencia de la supuesta cirujana. Sin embargo, lo que parecía ser un procedimiento estético de rutina terminó en una tragedia que hoy se traduce en un fallo condenatorio por el delito de homicidio culposo.
La investigación estuvo a cargo de la Dirección de Apoyo Territorial de la Fiscalía, que recopiló pruebas contundentes contra Celeita Angarita. De acuerdo con el ente acusador, el establecimiento no estaba habilitado para prestar servicios médicos y mucho menos cirugías invasivas. A pesar de ello, la mujer se presentó como “médica esteticista especializada” y convenció a la víctima de que no corría riesgo alguno.
La Fiscalía calificó el procedimiento como una “intervención irregular”, pues la acusada no contaba con formación profesional en medicina ni con los equipos adecuados para garantizar la seguridad de la paciente. En medio de la liposucción, Amaya sufrió convulsiones, lo que obligó a trasladarla de urgencia al Policlínico del Olaya, donde finalmente falleció por un paro respiratorio apenas tres minutos después de ingresar al centro asistencial.
La manera en que la procesada convenció a la víctima y a su círculo cercano quedó registrada en testimonios recogidos durante la investigación. Una amiga de Laura Sofía Amaya relató a El Espectador: “Conocimos a unas amigas que nos hablaron de la cirujana Brenda Gissel Celeita Angarita, quien se nos presentó como una médica esteticista especializada, quien nos aseguró de que no había ningún riesgo, y hasta nos mostró varios de sus resultados. Su discurso nos dio confianza”.
La misma persona recordó con indignación los momentos previos al desenlace fatal: “Se suponía que Laura Sofía Amaya saldría sin inconvenientes del local a la 1:00 p.m., pero salió en un estado tan crítico que convulsionó. De hecho, durante el procedimiento hasta la dejaron caer de la camilla”.
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El testimonio dejó en evidencia no solo la imprudencia, sino también la falta total de condiciones básicas para realizar un procedimiento de esa naturaleza.
Tras valorar las pruebas, un juez penal de Bogotá dictó sentencia condenatoria contra Brenda Gissele Celeita Angarita por homicidio culposo. La audiencia de individualización de la pena se realizará en octubre de 2025, momento en el que se conocerá la condena definitiva que deberá cumplir por la muerte de su clienta.
Este caso se suma a otros episodios que han encendido las alarmas sobre la proliferación de procedimientos estéticos realizados en lugares clandestinos, sin habilitación ni personal calificado. La Fiscalía recordó que someterse a estas prácticas en sitios no autorizados implica un riesgo inminente para la vida.
El trágico desenlace de Laura Sofía Amaya deja una lección dolorosa sobre la importancia de verificar la idoneidad de los profesionales de la salud y los centros donde se llevan a cabo procedimientos médicos y estéticos. La presión social por cumplir con estándares de belleza, sumada a la búsqueda de alternativas más económicas, ha llevado a muchas personas a poner en riesgo su integridad al acudir a lugares que no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad.
Mientras la justicia define la pena que enfrentará la acusada, familiares y amigos de la víctima insisten en que este caso sirva de advertencia para que nadie más atraviese una situación similar.
Con este fallo, las autoridades esperan reforzar el mensaje de que la práctica ilegal de procedimientos quirúrgicos no solo es un delito, sino también una amenaza mortal.