Exguerrillera apela al Supremo de Nicaragua para recuperar una ONG confiscada

La exguerrillera sandinista Mónica Baltodano introdujo este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua un recurso de inconstitucionalidad contra el Estado en un intento por recuperar la ONG Popol Na, fundada por ella y que le fue confiscada en medio de la crisis sociopolítica que vive el país.

"Nuestro recurso está sumamente sustentado y debería ser fallado a favor nuestro", dijo Baltodano a periodistas al salir del Complejo Judicial de Managua.

En diciembre pasado Popol Na, que desde 2013 apoya a los campesinos del sureste de Nicaragua en sus demandas contra la construcción de un canal interoceánico, perdió sus bienes por una confiscación del Ministerio de Gobernación.

La organización no gubernamental también perdió la personalidad jurídica por decisión de la Asamblea Nacional, dominada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

La cancelación y confiscación de Popol Na ocurrió en el marco de la crisis que vive Nicaragua desde abril de 20018 y que ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados, tras participar en protestas contra el presidente Daniel Ortega.

Baltodano, una disidente del FSLN, afirmó que de no recibir una respuesta favorable de parte del Supremo recurrirá "a los organismos internacionales".

La exguerrillera se mostró poco optimista sobre una respuesta favorable a su pedido, aseguró que confía "en que la justicia a Nicaragua va a venir mucho antes" de la resolución de la Corte, y que "cuando el régimen (de Ortega) caiga, también se van a restablecer todos los derechos que nos han sido violentados y confiscados".

Además de las acciones contra Popol Na, el Estado de Nicaragua canceló las personalidades jurídicas y decomisó bienes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade) y Hagamos Democracia.

También a las ONG Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILS), Fundación del Río, y el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco). Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, y de 340 a 767 detenidos desde el estallido social de abril pasado, según organismos humanitarios.

Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado al Gobierno de Ortega como responsable de crímenes "de lesa humanidad".

Ortega rechaza responsabilidades en la crisis, así como los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de "golpe de Estado fallido".