Fiscalía de Guatemala allana ministerio de seguridad por fuga de pandilleros

La Fiscalía de Guatemala allanó este viernes varias oficinas del ministerio de seguridad por la fuga de 20 peligrosos pandilleros de una cárcel, un hecho que llevó a la destitución de los responsables de esta cartera.

El escape de los reclusos de la pandilla Barrio 18, declarada organización "terrorista" por Estados Unidos, provocó una crisis política y obligó al presidente Bernardo Arévalo a pedir ayuda a Washington para su recaptura y para mejorar la seguridad.

Los fiscales, asistidos por policías, ejecutan "diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia" en varios inmuebles, incluido el Ministerio de Gobernación (Interior), dijo a periodistas la vocera de la Fiscalía, María José Mansilla.

Los operativos dan "seguimiento a una investigación en curso contra los funcionarios responsables de la fuga masiva en la cárcel de Fraijanes II", cercana a la capital, precisó.

La oficina de prensa de la Presidencia confirmó los allanamientos, pero aclaró que carece de "mayores detalles".

Asimismo, la Presidencia -que tiene frecuentes roces con la Fiscalía- pidió que se cumplan "los parámetros legales y protocolos aplicables" en los allanamientos y otras diligencias.

Este viernes, el presidente Arévalo nombró al juez Marco Antonio Villeda como nuevo de ministro de Gobernación, encargado de la seguridad, en sustitución de Francisco Jiménez, destituido el miércoles.

Con la salida del ministro y los dos viceministros Arévalo calmó las críticas por la inseguridad en el país, aunque el tema se mantiene en lo alto de las inquietudes de los guatemaltecos.

La fiscal Marylin Castillo dijo que la Fiscalía pidió a la justicia una orden de arresto contra la exviceministra Claudia Placencia.

También insinuó que la Fiscalía solicitará una orden de arresto contra Jiménez, quien tiene inmunidad por ahora pues todavía no entrega formalmente el cargo a Villeda.

El nuevo ministro, quien llevaba más de 30 años en el poder judicial, tiene el reto de recuperar la confianza en el sistema penitenciario, que enfrenta sospechas de corrupción.

La fuga provocó que el Congreso comenzara a discutir el martes un proyecto de ley que endurece las penas y declara como "terroristas" a los integrantes de las pandillas.

El 23 de septiembre Estados Unidos había declarado como organización "terrorista" a la pandilla Barrio 18, luego de hacerlo meses antes con la Mara Salvatrucha. Y el domingo expresó que la fuga de los 20 reclusos era "inaceptable".

Hasta el momento solo uno de los pandilleros ha sido recapturado.