Congreso paraguayo retoma la actividad entre corrupción y presión ciudadana

El Congreso paraguayo retomó este lunes la actividad parlamentaria tras tres meses de receso estival con la ausencia de varios legisladores involucrados en casos de corrupción, como el expresidente de la Cámara de Diputados Miguel Cuevas, encarcelado desde finales de febrero.

Cuevas, del gobernante Partido Colorado, y afín al sector que preside el mandatario del país, Mario Abdo Benítez, está imputado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa.

El diputado es uno de los ochos legisladores que no acudirán en esta segunda parte del año a las sesiones parlamentarias al estar imputados en su mayoría por presuntos delitos de corrupción.

Entre esos casos destaca el del diputado oficialista Ulises Quintana, encarcelado e imputado por sus presuntos vínculos con el supuesto narcotraficante Reinaldo Cabañas, también en prisión.

Otros legisladores en la mira de la Justicia se mantienen de momento al frente de sus escaños en esta segunda parte del año legislativo.

Entre ellos el senador del Partido Colorado Javier Zacarías Irún, acusado junto con su mujer, la exintendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod, segunda urbe de Paraguay, por supuesta declaración falsa y lesión de confianza.

La acusación contra el matrimonio se enmarca en una investigación por lesión de confianza, por el presunto desvío de más de 300 mil dólares del presupuesto de publicidad institucional de la Municipalidad durante la Administración de McLeod, y otra por declaración falsa, por haber ocultado supuestamente sus bienes a la Contraloría General.

También acudirán a sus escaños los diputados Carlos Portillo, del opositor Partido Liberal, y Tomás Rivas, colorado, investigado el primero por tráfico de influencias y el segundo por cobro indebido de honorarios del Congreso.

Para el director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), Ezquiel Santagada, esta vuelta a la actividad parlamentaria "con legisladores activos con procesos penales" representa una "situación tragicómica".

"Por un lado, resulta claro que no es saludable para las instituciones que los legisladores (...) estén con procesos penales por corrupción. Por otro, están sometidos a procesos y a la justicia, lo que demuestra que las instituciones están funcionando", expuso a Efe el abogado.

Presión ciudadana

En su opinión, esta agitación dentro del Congreso, con parlamentarios que abandonaron su banca y otros perseguidos por la Justicia, es un triunfo de una ciudadanía que "está cada día más activa y vigilante" y que está contribuyendo a construir un Paraguay que "diez años atrás nadie podría creer".

Esa actitud "activa y vigilante" se trasladó a las calles en forma de escraches ciudadanos, delante del Congreso o frente a las propias casas de los legisladores, con los que esos grupos cívicos hicieron renunciar a varios políticos a sus cargos.

Al respecto, Santagada opinó que la presión ciudadana debe mantenerse, ya que los políticos no pierden la oportunidad de frenar las iniciativas parlamentarias más combativas contra la corrupción.

El director ejecutivo de IDEA recordó sesiones parlamentarias en las que se trataron cuestiones como la declaración jurada de bienes o el financiamiento político, en las que los legisladores "con excusas disparatadas" no tuvieron "vergüenza en justificar lo injustificable".

La actividad parlamentaria de esta segunda parte del curso, que se prolongará hasta finales de junio, estará marcada por la campaña de las elecciones internas de los partidos, previstas para el 12 de julio, y antesala de los comicios municipales del 8 de noviembre.