ELN negocia acciones humanitarias con Colombia mientras combate a disidencias de FARC

Bandera del ELN, grupo guerrillero de Colombia.
Bandera del ELN, grupo guerrillero de Colombia. / AFP
AFP
04 de septiembre 2023 - 22:01

La guerrilla del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) definió este lunes acciones humanitarias con el gobierno colombiano en zonas afectadas por el conflicto armado, al tiempo que recrudecen los combates entre esta insurgencia y disidencias de las FARC.

El ELN cerró en Caracas el cuarto ciclo de negociaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro, un mes después del inicio de un cese al fuego.

"Llegamos a nuevos acuerdos que nos acercan mucho más a la paz querida por todos y todas", celebró el representante del Ejecutivo, Otty Patiño, al cierre de las conversaciones en la capital venezolana.

El jefe guerrillero Pablo Beltrán hizo por su parte un "llamado a persistir en un camino de solución política al conflicto".

El fin de esta ronda de negociaciones coincidió con el reporte de nueve muertos en enfrentamientos entre el ELN y el Estado Mayor Central (EMC), principal grupo de disidentes del pacto de paz que desarmó a la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) en 2017. 

Militares hallaron los cuerpos en el municipio de Puerto Rondón (este), cerca de la frontera con Venezuela, junto a cinco heridos, entre ellos una indígena de 14 años, según un video del gobernador del departamento de Arauca, Wilinton Rodríguez, que no especificó si los fallecidos y lesionados eran guerrilleros o civiles.

Tanto el ELN como las disidencias buscan pactar su desarme en procesos de paz con el presidente izquierdista Gustavo Petro, que cumple un año en el poder.

Zonas críticas

El llamado acuerdo de Caracas "establece los principios y enfoques con los que esperamos que el cese cumpla su propósito humanitario", según el texto leído en el evento.

"Les hemos dado énfasis a unas zonas críticas", señaló Beltrán. "Es donde más ha habido embates contra las comunidades".

La mesa declaró al Bajo Calima y San Juan, en el Valle del Cauca (este), uno de los focos del conflicto, como "zonas críticas" y proponen otras regiones para añadir a esta denominación. 

"Se adelantarán acciones y dinámicas humanitarias, garantías para el cumplimiento del cese al fuego bilateral, nacional y temporal, la participación de las comunidades en el proceso de paz y proyectos de desarrollo social", precisó el texto, que señala que "en las próximas semanas" las delegaciones visitarán estos territorios.

Petro retomó las negociaciones de paz con el ELN --con 5.851 miembros, según cifras de inteligencia de 2022- en noviembre de 2022, después de que fueran suspendidas por su antecesor, Iván Duque (2018-2022), tras un atentado que dejó una veintena de policías muertos en una escuela de adiestramiento. 

"En menos de estos nueve meses hemos logrado convenir un cese al fuego, cuya naturaleza nos debe conducir a la terminación del conflicto armado en Colombia, no simplemente a la humanización de la barbarie", insistió Patiño, exguerrillero de la nacionalista y urbana M-19, la misma organización rebelde a la que perteneció Petro en su juventud y que acordó la paz en 1990.

"Obstáculos a este proceso"

La tregua con verificación de la ONU se acordó en el ciclo anterior de conversaciones celebrado en La Habana y entró en vigor el 3 de agosto.

"Tenemos que constatar que el cese al fuego ha estado bajo fuego", señaló no obstante Beltrán. "Ha habido una campaña mediática de los grandes medios, las grandes empresas de comunicación, buscando colocar obstáculos a este proceso". 

"También ha habido ataques muy inclementes a comunidades que tratan de desarrollar una veeduría social de este cese al fuego", siguió. "La valoración que nosotros hacemos de estos ataques, tanto los mediáticos como los ataques militares en el terreno, es que obedecen a sectores que están contentos con la crisis estructural que vive el país y no quieren que haya cambios hacia una democratización".

La mesa con el ELN ya se había visto empañada a principios de agosto por una denuncia de la Fiscalía sobre un supuesto plan de asesinato contra el jefe del Ministerio Público por parte de la guerrilla, que negó la acusación y dijo que se trataba de un sabotaje al diálogo.

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