Rechazo de indígenas de Perú a 'consulta previa virtual' para una mina de oro
El anuncio del Gobierno de Perú de realizar un proceso de "consulta previa virtual" a las comunidades campesinas de los Andes que se verían afectadas por la explotación de una gran mina de oro ha suscitado la preocupación de organizaciones indígenas y de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH recordó que el proceso de consulta previa con los pueblos indígenas "debe ser previo, libre, informado y de buena fe", lo que implica que "la forma en que esta se realiza también debe ser concertada, sin condicionamientos con las comunidades participantes".
Asimismo, la comisión instó al Estado peruano a dar prioridad a la protección de los pueblos originarios en el marco de la pandemia, pues son varias las organizaciones indígenas que han presentado denuncias en organismos internacionales por presunta desatención y falta de políticas para prevenir la COVID-19 en sus comunidades.
El recordatorio de la CIDH se realizó después de que la ministra de Economía y Finanzas de Perú, María Antonieta Alva, informase que estaba en coordinaciones con el Ministerio de Cultura para que la consulta previa sobre el proyecto minero San Gabriel, a cargo de la empresa Minas Buenaventura, se realizase de manera telemática.
Dificultad de acceso a internet
Ese anuncio también ha suscitado el rechazo de organizaciones indígenas, que ven poco transparente celebrar el proceso de consulta previa por canales virtuales cuando en sus territorios la conexión a Internet es a veces nula o muy deficiente.
Para la Confederación Nacional Agraria (CNA), "estas declaraciones vuelven a demostrar que para este Gobierno, al igual que para sus predecesores, la consulta previa no constituye un derecho humano de los Pueblos Indígenas sino un mero trámite administrativo".
La CNA criticó que la consulta previa sea vista como "una 'barrera burocrática' que requiere de soluciones rápidas y simplificadas para facilitar las inversiones privadas en el sector de las actividades extractivas y los megaproyectos de infraestructura.
La organización agrícola advirtió que una consulta previa telemática "causa profunda preocupación y rechazo, pues quiebra varios fundamentos esenciales de los derechos consagrados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Alegó que las poblaciones nativas "necesitan del contacto directo para establecer un diálogo intercultural adecuado y fiable con el Estado y otros actores".
El "Baguazo" en la memoria
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) también manifestó "su más enérgico rechazo" a las declaraciones de la ministra de Economía.
Aidesep, que es la mayor organización indígena de la Amazonía peruana, recordó que la Ley de Consulta Previa se consensuó para evitar episodios como el "Baguazo", las violentas revueltas indígenas donde en 2009 murieron 33 personas, entre ellos 23 policías y 10 nativos, por unos decretos que buscaban facilitar la actividad extractiva en los territorios de los pueblos indígenas.
Por su parte, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) acusó en un comunicado a la ministra de Economía de acelerar la reactivación económica para vulnerar los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa y así intensificar las actividades extractivas.
En los últimos años han sido varios los casos de concesiones mineras que han sido anuladas por la Justicia peruana al considerar que el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas afectadas no tuvo las garantías ni las condiciones suficientes exigidas por la legislación nacional.
