Auditoría de Contraloría revela $13.2 millones en irregularidades en fondos de Pandeportes

Contradicción entre Ministerio Público y Contraloría por Caso Pandeportes

Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló 13.2 millones de dólares en irregularidades en el manejo de fondos de Pandeportes, a través de federaciones deportivas.

"El informe de auditoría arroja suficientes elementos y hallazgos que servirán al Ministerio Público para iniciar nueva investigación y apertura de los correspondientes casos penales", afirmó la Contraloría este martes 24 de septiembre a través de un comunicado.

La institución enfatizó que la auditoría fue realizada "por iniciativa propia" y que no forma parte del proceso investigativo paralelo que lleva adelante el Ministerio Público.

"Es falso que nuestro informe de auditoría suspenda algún proceso que se haya estado llevando adelante por el Ministerio Público; muy por el contrario, nuestro informe sustenta nuevas fallas graves en la administración de Pandeportes, que evidencian claramente el incumplimiento de la Ley", añade el comunicado.

También señala que el Ministerio Público no ha solicitado o remitido ningún oficio, pidiendo alguna auditoría a Pandeportes por el manejo de los fondos.

Humbert había declarado en entrevista a TVN Noticias que aunque existió refrendo por parte de Contraloría a los traslados de fondos, no contaba con las herramientas para hacer un control previo, ya que la ley no le otorgaba ese poder fiscalizador.

"La ley 50 de Pandeportes dice que la fiscalización le corresponde a Auditoría Interna de Pandeportes", señaló el contralor. Humbert apuntó que el 20% de los fondos no contaban con un informe, lo que consideró un problema grave.

El contralor también destacó que hubo federaciones que sí manejaron bien sus fondos. Y adelantó que Contraloría puede "tocarle la puerta" a federaciones dónde hayan encontrado irregularidades, ya que se manejan con fondos públicos.

Se defiende la Fiscalía

Sin embargo, la fiscal anticorrupción Leyda Sáenz, se ratificó en que, a pesar de haber solicitado en tres ocasiones a la Contraloría General de la República incluir el material probatorio mediante allanamiento, la entidad no lo incluyó a la auditoría del caso.

"No entiendo por qué no se vino a la Fiscalía a buscar esa información, cuando hay un deber legal por parte de la Contraloría de buscar la información en el Ministerio Público y verificar las carpetas. Eso está establecido en la Ley 32 de 1984", sostuvo la fiscal.

Estando de por medio 13.2 millones de dólares de posible lesión patrimonial y la imputación de diputados, exdiputados, autoridades del pasado Gobierno y empresarios, la bola pica y se extiende con un resultado difícil de pronosticar.

Con información de Luis Jiménez

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