Firma de abogados Mossack Fonseca había sido auditada hace un año

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros informó en conferencia de prensa este jueves 14 de abril que se han reforzado las medidas contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La firma panameña de abogados Mossack Fonseca ya había sido auditada por esta superintendencia un año antes. "Hubo hallazgos", dijo Carlamara Sánchez, intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, pero a pesar de las insistentes preguntas y escudándose en la legislación, se negó a dar más detalles.

Panamá está a la vanguardia en esta materia. Ningún otro país de la región regula y supervisa actualmente a tal cantidad de sectores no financieros de su economía”, precisó Sánchez, durante la conferencia de prensa.

Esta Intendencia, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tiene la responsabilidad de regular y supervisar a 16 sectores no financieros en el cumplimiento de estas medidas.

Entre ellos: contadores, abogados, notarios, zonas francas, empresas dedicadas a la compra de autos nuevos y usados, empresas dedicadas a la comercialización de metales y piedras preciosas, casinos y juegos de suerte y azar, casas de remesas, casas de empeño, casas de cambio, corredores de bienes raíces, empresas de transporte de valores, promotoras, constructoras y agentes inmobiliarios.

El proceso de supervisión de los sujetos no financieros se inició en octubre de 2015. En esta primera etapa, han sido supervisados más de 30 sujetos obligados, entre los cuales se incluyeron firmas de abogados, empresas de la Zona Libre de Colón y casas de remesas, ordenando las prioridades de trabajo de acuerdo a los niveles de riesgo identificados”, explicó Sánchez.

Las empresas supervisadas fueron orientadas y se les definió un plan de acción y un periodo de tiempo para que realizaran las adecuaciones correspondientes. Una vez vencido este periodo, serán objeto de una nueva supervisión a fin de verificar que han cumplido con lo pactado.

En caso de incumplimiento, podrían ser sancionadas administrativamente, con la cancelación, retiro, restricción o remoción de licencias y certificados de idoneidad, y pecuniariamente, con multas de 5 mil a un millón de dólares.