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Ciudad de Panamá, Panamá/La Arquidiócesis de Panamá inició una revisión de sus procedimientos después de la presentación de un informe que evaluó el manejo de denuncias de abuso sexual dentro de la Iglesia entre 2001 y 2025.
El estudio identificó 37 denuncias durante ese periodo. De estos, 24 casos fueron considerados con responsabilidad evaluable directamente atribuible a la Arquidiócesis de Panamá, mientras que los restantes quedaron fuera del periodo de análisis. Los resultados también identificaron aspectos que requieren mejoras, entre ellos la escasa atención a las víctimas, la ausencia de acompañamiento, la falta de trazabilidad de los casos y el riesgo de sanciones.
Gerardo Guerrero, de la Oficina de Escucha y de la Pastoral de Cuidado de la Arquidiócesis de Panamá, explicó en Noticias AM que la presentación del informe marca el inicio de una nueva etapa para la institución. “Definitivamente, ese es el final del principio”, señaló Guerrero, al explicar que ahora corresponde revisar las recomendaciones y sugerencias planteadas para determinar cuáles son las áreas que necesitan mejoras y establecer acciones a corto, mediano y largo plazo.
Entre los casos admitidos, el informe identificó nueve denuncias relacionadas con menores de edad y 11 contra adultos en situación de vulnerabilidad. Guerrero sostuvo que uno de los principales cambios debe ser colocar a las víctimas en el centro de la atención y evitar que los casos sean tratados únicamente como cifras.
En ese sentido, destacó la creación, hace aproximadamente dos años, de la Pastoral de Cuidado y la Oficina de Escucha, instancias que no existían en 2001 y que buscan ofrecer un espacio para que las personas puedan comunicar situaciones de posible abuso o acoso. La Oficina de Escucha también recibe consultas de personas que hayan observado una situación que consideren irregular, además de quienes se identifiquen como posibles víctimas.
La Oficina de Escucha funciona fuera de las instalaciones de la Arquidiócesis, específicamente en la Universidad Santa María La Antigua (USMA), en el edificio de posgrado, ubicado junto al gimnasio. El espacio se encuentra en el piso 2, oficina 216, y es atendido por laicos.
Guerrero explicó que la decisión de ubicarla fuera de la sede de la Arquidiócesis responde a la intención de ofrecer un espacio diferente al entorno institucional de la Iglesia. A través de esta instancia, las personas pueden iniciar un proceso de atención y, dependiendo de cada situación, recibir acompañamiento psicológico, espiritual, jurídico o médico.
Uno de los puntos abordados durante la entrevista fue la diferencia entre las sanciones establecidas por el derecho canónico y las consecuencias que pueden derivarse de un proceso ante la justicia ordinaria. El informe señala que, en varios casos relacionados con agresiones a menores de edad, cinco procesos se tramitaron por la vía del derecho canónico y terminaron con la expulsión de los responsables del servicio ministerial como sacerdotes.
Guerrero explicó que, ante una eventual denuncia relacionada con un menor de edad, el procedimiento actual debe contemplar el traslado del caso a las autoridades judiciales correspondientes. Sobre la obligación de denunciar, indicó que la Iglesia debe acatar las leyes del país y que, cuando se trata de un caso que involucra a un menor de edad, la persona que recibe la información está obligada a reportarlo conforme a la legislación nacional.
Tras la presentación pública del informe, Guerrero indicó que no se han recibido nuevas denuncias, aunque sí han llegado consultas a la Oficina de Escucha. Explicó que para algunas personas el primer contacto representa un paso difícil, especialmente cuando se trata de situaciones ocurridas años atrás. Guerrero señaló que factores como la culpa, el miedo o la intimidación pueden influir en el tiempo que una persona tarda en revelar una situación de abuso.
Agregó que, aunque cada caso tiene circunstancias y tiempos distintos, la Oficina de Escucha permanece disponible para quienes decidan retomar una situación y buscar orientación o acompañamiento. El informe presentado por la Iglesia no marca el cierre del proceso, sino el inicio de una revisión interna de los mecanismos utilizados para recibir, atender y dar seguimiento a las denuncias.
Guerrero explicó que uno de los principales retos será mejorar la trazabilidad, de manera que las personas puedan conocer cómo se desarrolla el proceso después de presentar una denuncia y reciban el acompañamiento correspondiente. También señaló que, dependiendo de las circunstancias, pueden coexistir las actuaciones de carácter canónico con las obligaciones establecidas por la legislación panameña.