Falta de competencia; administrador de la Acodeco y diputado Vega se refiere a investigaciones a las telefónicas

Ciudad de Panamá/“La génesis de todo esto nace porque perdimos la competitividad de tener cuatro operadores telefónicos; esto nunca debió suceder”, afirmó el administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Ramón Abadi, al referirse a la investigación que adelanta la entidad sobre el comportamiento de las empresas de telecomunicaciones en el país.

El funcionario explicó que la reducción del número de operadores en el mercado ha limitado las opciones para los usuarios, quienes antes contaban con mayor competencia entre compañías y más alternativas para elegir los servicios de telefonía móvil e internet.

Las declaraciones se producen en medio de una investigación que la entidad reguladora mantiene abierta para analizar posibles prácticas que podrían afectar el mercado y a los consumidores.

Puede leer: La Acodeco y la ASEP ponen bajo la lupa aumentos en planes de telefonía

Abadi señaló que la labor de la autoridad no se limita únicamente a la protección directa del consumidor, sino también a vigilar que no existan prácticas que distorsionen la competencia. En ese contexto indicó que “además de proteger al consumidor de manera directa en lo que son las compras al por menor, también tenemos que ver lo que son prácticas monopolísticas o cosas que afecten o desvirtúen el mercado”.

La revisión se centra en denuncias de usuarios que han reportado incrementos recurrentes en los costos de sus servicios de telefonía móvil e internet.

Según explicó el administrador de la Acodeco, los consumidores han advertido que los aumentos en los planes se registraban de manera periódica y sin una explicación clara por parte de las compañías proveedoras. También se reportaron casos en los que los usuarios no recibían descuentos cuando experimentaban fluctuaciones o fallas en la calidad del servicio.

Frente a estas quejas, la autoridad decidió iniciar una investigación formal para determinar si las prácticas denunciadas afectan el funcionamiento del mercado. “Hemos comenzado una investigación desde el mes de enero y le dimos carpeta abierta a partir del 19 de febrero”.

La investigación busca analizar si los incrementos aplicados por las empresas responden a las condiciones del mercado o si existen prácticas que puedan afectar la libre competencia.

El administrador explicó además que la entidad mantiene coordinación con otras instituciones vinculadas a la supervisión del sector y la protección de los usuarios. En ese sentido, afirmó que “obviamente la ASEP tiene la competencia y es la entidad rectora con la cual estamos trabajando muy cercanamente, pero al mismo tiempo nosotros tenemos la competencia”.

Mientras avanza el proceso, la autoridad continuará revisando la información disponible y las denuncias presentadas por los consumidores para determinar si corresponde aplicar medidas dentro del marco regulatorio vigente.

En tanto, las reacciones ante las denuncias por aumentos en los servicios de telefonía no se han hecho esperar. Por ejemplo, el ciudadano Jhonathan Vega manifestó que existe una responsabilidad compartida entre las autoridades para vigilar estas prácticas. También expresó su desacuerdo con la forma en que operan las empresas del sector, señalando que la reducción de operadores ha afectado la competencia.

“No estoy de acuerdo con la forma como operan estas empresas. El hecho de que existan solo dos empresas crea un duopolio. Las personas no tienen más opción que aceptar el servicio que se ofrece. No hay competencia. Ellos no descuentan cuando falla el servicio, la factura se refleja igual, y ¿a quién le reclamas?”.

¿A cuánto oscilan las multas?

Las empresas de telecomunicaciones del país podrían enfrentar sanciones económicas que oscilarían entre 250 mil y un millón de dólares, tras las investigaciones que adelanta la Acodeco.

En ese sentido, Abadi detalló que “las investigaciones ya nos dan pie a la carpeta, nosotros procedemos judicialmente, vamos a los juzgados de comercio, presentamos nuestras pruebas y solicitamos al juez que intervenga directamente en la suspensión de este tipo de actividades mientras se realiza el proceso judicial”.

Agregó que si durante el proceso se determina que las compañías incumplieron las normas, las sanciones económicas serían significativas.

En ese sentido indicó que “si el proceso judicial determina que las compañías incumplieron, van a ser sancionadas y las multas pueden ser, dependiendo de lo que determinemos en la investigación, 250 mil dólares como mínimo o un millón de dólares”.

Con información de Fabio Caballero y Meredith Serracín.