Advierten sobre la introducción de agendas ideológicas en la discusión de los derechos de protección al menor

Esmeralda Arosemena de Troitiño, comisionada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo en Mesa de Periodistas por TVN Radio, que uno de los mayores problemas que enfrenta el tema de los supuestos abusos y maltratos de menores en albergues son las posiciones y bandos políticos e ideológicos y no el reconocimiento de que se trata de un tema de derechos humanos de niños que requieren la protección del Estado.

De Troitiño aclaró que como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una limitante para hacer una crítica al Estado, pero en su condición de ciudadana, en este tema para ella, no es posible no manifestarse.

“El Estado es garante de esos niños, niñas y adolescentes, esa es una responsabilidad que la Constitución Nacional lo plantea, no es de una institución. El Estado tiene una responsabilidad constitucional e internacional porque Panamá es signatario de una serie de tratados que tienen que ver con los derechos de los niños”, recalcó.

La exmagistrada indicó que el tema de los albergues no es nuevo en el país, existe una falta de supervisión, especialización, monitoreo permanente, de una evaluación constante y de la responsabilidad que estos centros tienen en la protección de los derechos de la niñez.

De Troitiño indicó que en junio del 2020 hubo denuncias en el Ministerio Público sobre estos casos, refiriéndose a la necesidad de la administración de justicia en razón a los hechos delictivos que pueden representar la violación de los derechos de los niños en condiciones de protección.

Tras la renuncia de Eduardo Ulloa como procurador general de la Nacional, quien señalaba en su carta de renuncia que existe un sistema incapaz de dar solución a una situación tan crítica como la protección de la niñez, De Troitiño cuestiona: ¿Qué es lo que le falta entonces a esa institución responsable de la investigación penal de los hechos delictivos que pudieron haber ocurrido en esos lugares?

Dirigió sus señalamientos al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) sobre su capacidad de verificar en qué condiciones están viviendo esos niños, para asegurarles que no sean revictimizados y se les esté proporcionando protección en materia física, mental, médica, en salud y educación. Preguntándose si en todas estas necesidades están el Mides y la Senniaf solos o están todas las instituciones involucradas en las necesidades de esta protección.

“Panamá no tiene una política pública basada en derechos humanos para la protección integral de los derechos”, puntualizó, recordando que, en el 2015 con Unicef, se planteó un trabajo técnico especializado de una propuesta de ley de garantías para la protección de los derechos, donde todas estas instituciones tendrían que estar respondiendo cuál ha sido su falla.

Resaltó que el hecho de que una persona diga ‘que no puede’, entonces nos tiene que decir por qué no podía, si hay obstáculos cuáles son, por qué entra otra persona como Procurador de la Nación, y esa persona no puede señalarnos hoy que la institución no tiene capacidad para la investigación, porque eso es el Ministerio Público y tiene que trabajar sobre la base de principios claves en la administración de justicia como autonomía e independencia.

De Troitiño indicó que ya tiene que haber una estrategia de investigación para los hechos, asegurando que la protección de la identidad de los menores no es impedimento para realizar las investigaciones.

En cuanto a la propuesta que busca obligar a las menores de edad que quedan embarazadas por medio de una violación a culminar con el embarazo para luego dar a la criatura en adopción, De Troitiño dijo que situaciones como estas permiten que se utilicen espacios de poder para dar ‘respuestas’ en apariencia para la protección.

“Sabemos que el tema de la adopción tiene grupos de abogados, que la materia (adopción) constituye una forma de ingreso porque se comercializa. Yo les pido a quienes manejan propuestas de ley en esta materia que remitan a la Comisión Interamericana una petición de información y evaluación de lo que eso significa en la protección de los derechos de la niñez”, sostuvo.

Aseguró que obligar a una menor violada a llevar el embarazo a término para luego dar al bebé en adopción es una violación a la ley que permite las interrupciones por asunto de orden legal, o sea, el aborto que tiene respaldo legal es aquel que es por violación.

“Hay grupos que no son capaces de entender que lo que está en juego es la dignidad y la vida de la niña como niña. Por qué no podemos darle esa posibilidad (abortar) y exponerla entonces a estas respuestas, creo que hay que tener mucho cuidado”, indicó.

Finalizó reiterando que Panamá no cuenta con una ley que garantice la protección integral de los derechos, en cambio tenemos leyes en las que los niños son objeto de protección y no sujeto de derecho.