Alerta Amber: 20 menores siguen desaparecidos; con las reformas el Ministerio Público mantendrá rol investigador

Ciudad de Panamá, Panamá/Tras la aprobación en primer debate ayer de la reforma a la Alerta Amber, la fiscal superior de Asuntos Legales del Ministerio Público, Grisell Mojica, habló con TVN Noticias y aseguró que, sin importar si se activa la alerta, ellos realizan las investigaciones.

Señaló que se han emitido 190 alertas, de las cuales se ha logrado ubicar a 170 menores, quedando pendientes, a la fecha, 20 menores por encontrar.

En cuanto al rol del Ministerio Público en la aplicación de esta alerta —que es una herramienta creada para la difusión de la desaparición de niños— dijo que es la institución la que decide si se sube o no la alerta.

“El Ministerio Público, al recibir información sobre alguna denuncia de la desaparición de menores, evalúa si se debe subir o no la Alerta Amber y procede a hacer esta comunicación a través del fiscal superior especializado en delitos de delincuencia organizada”.

Señaló que algunos de los casos pendientes datan desde 2024, pero insistió en que, automáticamente, al recibir la denuncia, el Ministerio Público inicia la investigación, exista o no una Alerta Amber. “Siempre que el MP recibe la denuncia, inicia la investigación”.

En el caso específico de la menor panameña que apareció en Nicaragua, la fiscal Mojica manifestó que “allí hay que activar todo el sistema de cooperación internacional para recuperar a la menor y traerla a Panamá”, y que ambos países tienen que hacer su investigación.

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Sobre la consulta de si hay indicios de que Panamá está experimentando otros tipos de delitos, como la trata de personas con fines de explotación sexual —ya que algunos de estos menores son víctimas de estas redes— la fiscal indicó que “estas redes han coexistido a lo largo de los años y, quizás, con el tema de las redes sociales y este tipo de alerta, se han podido visibilizar más”. Señaló que “estamos expuestos a este tipo” de delitos.

Con las reformas planteadas por el Ministerio de Gobierno a la Alerta Amber —aprobadas ayer en primer debate en la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Familia y la Juventud de la Asamblea Nacional— la fiscal expresó que se mantiene el rol del Ministerio Público de investigar. “Lo único que va a variar es que se crea una oficina de alerta temprana dentro del Ministerio de Seguridad, para que ellos reciban la comunicación del fiscal o de las autoridades policiales, cualquiera que perciba primero la desaparición, para que ellos puedan subir la alerta”.

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Pero, ¿Qué hay detrás o cuáles son los motivos que se repiten en varias de las alertas? Es una respuesta que aún no es precisa. “Tenemos una variedad de situaciones. Tenemos casos de menores que se han evadido voluntariamente de sus hogares o del lugar donde estén. No en todas habrá una conducta delictiva, pero el MP realiza las investigaciones”, dijo.

¿Qué dicen las modificaciones presentadas por el Ministerio de Gobierno a la Asamblea?

A diferencia de la ley vigente, esta nueva normativa crea una estructura institucional que incluye un Consejo Directivo, una Oficina de Activación Temprana adscrita al Ministerio de Seguridad Pública y un Director Ejecutivo con funciones técnicas. Se establecen protocolos claros y tiempos definidos para la activación, difusión y desactivación de alertas.

• Consejo directivo: Será el órgano de decisión superior, integrado por 12 entidades públicas y privadas, incluyendo ministerios, cuerpos de seguridad, medios de comunicación y representantes de la sociedad civil. Su función será definir políticas, aprobar protocolos, supervisar resultados y coordinar esfuerzos multisectoriales.
• Oficina de Activación Temprana: Estará adscrita al Ministerio de Seguridad Pública y será la encargada de activar, difundir y dar seguimiento a la alerta, además de coordinar con medios, operadores telefónicos y espacios públicos como terminales de buses, iglesias, bancos y centros comerciales.
• Director ejecutivo: Será la figura técnica encargada de liderar la ejecución del sistema, con requisitos específicos de experiencia en seguridad, emergencia o niñez.

Además, se da un giro importante al involucrar activamente a medios de comunicación, empresas privadas, ONGs, plataformas digitales y espacios públicos en la difusión masiva de alertas.