Solo el 35% del país está catastrado: Anati anuncia transformación digital y titulación de tierras

La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) pondrá en marcha un ambicioso proceso de modernización y digitalización del catastro nacional tras la aprobación de un financiamiento de 60 millones de dólares por parte del Banco Mundial.

El administrador de la Anati, Andrés Fernando Pagés, explicó que el proyecto tendrá un período de ejecución de 36 meses y busca transformar el sistema catastral del país, donde actualmente solo el 35% del territorio nacional está debidamente catastrado.

Un país pequeño, con 75 mil kilómetros cuadrados, no puede seguir teniendo únicamente el 35% de su territorio catastrado. Eso fue una de las primeras cosas que nos sorprendió cuando llegamos”, señaló Pagés.

El funcionario detalló que el objetivo principal es lograr que Panamá cuente por primera vez con un catastro nacional completo y moderno, sustentado en herramientas digitales e interoperabilidad entre instituciones públicas.

Catastro y titulación: una deuda histórica

Pagés indicó que durante años los esfuerzos estatales se concentraron principalmente en la entrega de títulos de propiedad, dejando rezagada la actualización del catastro.

“La titulación debe venir del catastro y no viceversa. El catastro es la información que tiene el Estado sobre sus terrenos nacionales, particulares y de las diferentes entidades”, sostuvo.

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Según explicó, el nuevo sistema estará basado en un modelo de “catastro multifinalitario”, que no solo permitirá almacenar información territorial, sino también utilizarla de forma eficiente para planificación estatal, transparencia y recaudación fiscal.

Actualmente, procesos relacionados con tierras y propiedades requieren trámites separados entre la Anati, la Dirección General de Ingresos (DGI) y el Registro Público, entidades que aún no están interconectadas.

“No entendemos cómo la Anati todavía no está conectada con la DGI y el Registro Público. El usuario tiene que ir a tres instituciones distintas para un mismo proceso”, afirmó.

Impacto en proyectos nacionales

El administrador de la Anati señaló que uno de los principales beneficios será la planificación territorial de grandes proyectos de infraestructura, como el eventual tren hacia Chiriquí.

Explicó que, con un sistema catastral moderno, bastará con ingresar el trazado del proyecto para conocer automáticamente qué terrenos están titulados, quiénes son sus propietarios y el valor estimado de posibles indemnizaciones o expropiaciones.

“Hoy eso requiere meses de trabajo manual. Con el catastro multifinalitario, la información estaría disponible de inmediato”, indicó.

El sistema también permitirá identificar terrenos nacionales y reducir riesgos de apropiación indebida, especulación y posibles irregularidades en los procesos de titulación.

Pagés aseguró que la digitalización permitirá dar seguimiento completo a los expedientes y aumentar la transparencia institucional.

Los usuarios podrán conocer qué funcionario tiene un expediente, cuánto tiempo lleva detenido y cuál es el estado del trámite.

“No se puede mejorar lo que no se conoce. La herramienta va a dar transparencia y trazabilidad”, manifestó.

Aunque la digitalización de expedientes será una de las tareas contempladas, el funcionario reconoció que esa parte es relativamente sencilla frente al desafío de transformar el sistema catastral completo.

Persisten miles de derechos posesorios

El administrador reconoció que todavía existen miles de personas, especialmente en el interior del país, que mantienen únicamente derechos posesorios y no cuentan con títulos de propiedad formalizados.

Según explicó, esto limita el acceso a créditos, dificulta procesos de herencia y restringe la posibilidad de utilizar las propiedades como respaldo financiero.

Desde la actual administración, indicó, ya se han entregado entre 7,500 y 8,000 títulos de propiedad, beneficiando directamente a unas 32 mil personas.

Con el nuevo barrido catastral nacional, la meta es aumentar significativamente esa cifra.

Pagés destacó además que el financiamiento aprobado por el Banco Mundial será desembolsado por etapas y condicionado al cumplimiento de metas verificables.

“Es un préstamo contra resultados. A medida que vamos entregando información, documentación y cumpliendo requisitos, se desembolsan los fondos”, explicó.

El funcionario aseguró que este mecanismo busca garantizar transparencia y acelerar la ejecución del proyecto.

Además, afirmó que el incremento en la recaudación del impuesto predial permitirá que la inversión pueda recuperarse en pocos años.

“Estos 60 millones podrían pagarse en cuatro o cinco años luego de implementado el sistema. El resto sería ganancia para el Estado”, sostuvo.

El proyecto también contará con acompañamiento técnico del Banco Mundial, organismo que ya ha implementado iniciativas similares en otros países.

Pagés aseguró que la meta es dejar una estructura “blindada e irreversible”, capaz de mantenerse en funcionamiento más allá de cambios administrativos futuros.