Anteproyecto de Ley busca que condenados por corrupción no paguen condena en sus casas

Un nuevo anteproyecto de Ley busca frenar las medidas de arresto domiciliario a condenados por corrupción.

Excluir la posibilidad de que funcionarios, exservidores públicos e incluso empresarios, sean beneficiados con penas sustitutivas como casa por cárcel, luego de ser condenados por actos de corrupción, es la nueva iniciativa legislativa impulsada por el diputado independiente, Gabriel Silva.

“La modalidad de muchos es: le roban al pueblo panameño, son corruptos, luego pasan dos, tres años tranquilos en sus casas y hasta luego. Eso tiene que acabar”, enfatizó Silva.

Este anteproyecto, que fue sustentado esta semana en el Pleno de la Asamblea Nacional, deberá ser prohijado en la Comisión de Gobierno para su discusión; siendo una respuesta al denominado "camarón legislativo" que fue negado por sus propulsores.

“Él está señalando que, por un verbo, en una norma en particular, estábamos obligando a los jueces a darle trabajo comunitario a narcotraficantes, blanqueadores y a los que cometen delitos de corrupción. Eso es falso”, apuntó la diputada perredista, Zulay Rodríguez.

Expertos en Derecho consideran que antes de pensar en medidas como la de la propuesta legislativa, es necesario hacer una revisión integral al Código Penal y ajustar el mínimo de años de condena por este tipo de delitos.

“Yo veo de forma equivocada el papel de todos los diputados. Lo que se requiere es una comisión codificadora para hacer una revisión integral”, opinó Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados.

“Las personas que le roban al Estado deben ser condenadas con una pena mínima de 10 años de cárcel”, afirmó el abogado penalista, Víctor Orobio.

Las condenas por actos de corrupción van entre 2 a 4 años de prisión. Aunque en Panamá se han abierto cientos de expedientes por estos delitos contra la administración pública, pocos han terminado en condena.