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Apede respalda demanda para frenar permanencia automática de funcionarios en la Asamblea Nacional
El gremio empresarial presentó un alegato de terceros ante la Corte Suprema de Justicia, en respaldo a la acción interpuesta por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.
Panamá/La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) se sumó formalmente a la demanda de inconstitucionalidad contra artículos de la Ley 429 de 18 de abril de 2024, al considerar que estas disposiciones debilitan el sistema de méritos y vulneran el Estado de derecho dentro del servicio público de la Asamblea Nacional.
El gremio empresarial presentó un alegato de terceros ante la Corte Suprema de Justicia, en respaldo a la acción interpuesta por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que solicita declarar inconstitucionales las normas que otorgan permanencia automática a funcionarios con dos años de antigüedad, sin requerir concurso público ni evaluación previa dentro de la carrera del Servicio Legislativo.
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La acción legal, elaborada en representación de Apede por el abogado constitucionalista Jorge Giannareas, advierte que la Ley 429 altera los estándares constitucionales que rigen el acceso y la estabilidad en el servicio público, al sustituir el sistema de méritos por un esquema basado únicamente en la antigüedad.
En ese sentido, la presidenta de Apede, Giulia De Sanctis, sostuvo que la Constitución panameña establece con claridad que las carreras públicas deben regirse por criterios objetivos de desempeño.
“No se trata de un régimen de estabilidad laboral automática, sino de una carrera profesional al servicio del Estado, sujeta a reglas claras y verificables”, afirmó.
El alegato presentado ante el máximo tribunal también señala que la normativa elimina el Consejo de la Carrera Legislativa sin establecer un mecanismo alterno, lo que, a juicio del gremio, abre espacios a la discrecionalidad y desnaturaliza la profesionalización del servicio público.
“La Constitución no permite que una ley borre de un plumazo el sistema de méritos. Se pueden hacer ajustes, reformas o mejoras, pero no eliminar el principio que protege la profesionalización del servicio público”, señaló Giannareas.
La Corte Suprema de Justicia admitió la demanda y actualmente se encuentra en la fase de análisis de alegatos de terceros, antes de avanzar hacia el proyecto de fallo.
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Cabe señalar que, el Procurador General de la Nación, Luis Gómez Rudy, recomendó declarar inconstitucionales los artículos cuestionados, al considerar que vulneran el sistema de méritos y crean privilegios injustificados dentro del servicio público.
La aprobación de la Ley 429 también encendió alertas en torno al tamaño de la planilla de la Asamblea Nacional, que ya venía siendo señalada por diversos sectores como sobredimensionada durante 2024.
Aunque inicialmente se registró una disminución en el número de funcionarios tras la entrada en vigor de la normativa, esa tendencia fue temporal y dio paso a un crecimiento acelerado de la nómina legislativa.
Las cifras reflejan que mientras en junio de 2025 la Asamblea Nacional contaba con 3,067 colaboradores, para noviembre del mismo año el número de funcionarios aumentó a 5,631, evidenciando un repunte significativo en pocos meses.
