Apede respalda proyecto de Ley Anticorrupción del Ministerio Público y pide a la Asamblea debatirlo

Panamá/La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) hizo un llamado urgente a la Asamblea Nacional para debatir y aprobar el Proyecto de Ley 291 – Ley General Anticorrupción, presentado por el Procurador General de la Nación, Luis Gómez Rudy, al que califican como un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción y la reconstrucción de la confianza ciudadana.

La lucha contra la corrupción no puede seguir esperando”, afirmó Giulia De Sanctis, presidenta de Apede, quien destacó que esta iniciativa representa “una oportunidad histórica para lograr un marco legal moderno para fortalecer la capacidad del Ministerio Público en el combate de los delitos contra la administración pública y así reconstruir la confianza en el Estado”.

El proyecto, de acuerdo con la Apede, gremio que lidera Guilia De Santics no se limita a modificaciones penales.

“No se trata de una simple reforma penal, sino de una apuesta por la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas”, explicó De Sanctis. Recordó, que entre las medidas propuestas se incluyen la ampliación de los plazos de prescripción, la regulación de la colaboración eficaz, el fortalecimiento de la autonomía del Ministerio Público y la promoción de la cooperación internacional en casos complejos.

Desde Apede, el respaldo a la ley es total. “Sin transparencia no hay desarrollo, y sin justicia no hay confianza”. El espaldarazo de la Apede a esta iniciativa, que ha generado cuestionamientos a favor y en contra, llega semanas después de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunciara que había recomendado al procurador Gómez retirar la propuesta. Además, se da en medio de las fricciones entre el Ministerio Público y la Contraloría por dicho proyecto de ley.

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Esta propuesta ha llevado a que diputados de la bancada Seguimos soliciten al presidente de la Asamblea la creación de una comisión ad hoc para discutir las iniciativas presentadas por el procurador Gómez. Sin embargo, el presidente del Legislativo, Jorge Herrera, ha señalado que aún está evaluando la solicitud.

Según la dirigente empresarial, la falta de herramientas legales efectivas ha permitido que “los casos de alto perfil de corrupción se pierdan entre auditorías inconclusas o prescripciones anticipadas”, generando “una sensación generalizada de impunidad que debilita las instituciones y desalienta la inversión”.

De Sanctis fue enfática al señalar que Panamá no puede permitir que intereses particulares bloqueen esta reforma estructural.

Como país no podemos darnos el lujo de atender las voces que, bajo la apariencia de una supuesta violación al debido proceso, pretenden descalificar el proyecto. Debemos tener la valentía de analizarlo con rigor y, si es necesario, introducir las mejoras que correspondan. Pero lo que no podemos hacer es descartarlo ni permitir que quede sepultado”.

En ese sentido, advirtió que los efectos de la corrupción trascienden el plano judicial. “Los indicadores sobre corrupción tienen un efecto directo en la confianza, la inversión y el costo del financiamiento”, ya que las calificadoras Moody’s, S&P y Fitch incorporan estos indicadores en sus evaluaciones.

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Cuando las instituciones se debilitan, el país pierde credibilidad, el costo del capital sube y el grado de inversión se ve amenazado”, explicó. En contraste, “cuando la justicia y la transparencia se fortalecen, el país gana acceso a capital en mejores condiciones y se convierte en un destino confiable para los negocios”, dijo.

A juicio de la Apede Panamá está rezagado en gobernanza y esta se "se ha convertido en el nuevo cimiento del crecimiento económico. Podemos tener cuentas fiscales ordenadas, pero si la justicia no actúa con independencia y la corrupción se percibe como sistémica, el país se vuelve menos atractivo, el crédito se encarece y la inversión se aleja”.

Por ello, De Satics insistió en que la Ley Anticorrupción debe ir acompañada de acciones concretas como auditorías independientes, trazabilidad digital del gasto público, portales de datos abiertos y sistemas de denuncia seguros.

El sector privado también tiene un rol esencial. Promover la ética corporativa, la transparencia en la contratación y la rendición de cuentas no es solo un deber moral, sino una inversión en competitividad”, aseguró De Sanctis.

“Panamá puede y debe ser ejemplo de un país que aprende de sus tropiezos. Este es el momento de alinear nuestras acciones con los valores que proclamamos: justicia, transparencia y desarrollo sostenible”, dijo.