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Panamá/Las auditorías de la Contraloría General de la República se han convertido en el nuevo punto de fricción entre el contralor Anel Flores y el procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy.
Los informes que realiza la Contraloría no estarían llegando al Ministerio Público con la celeridad que requieren las investigaciones, especialmente en los casos de peculado y enriquecimiento injustificado.
Si nosotros queremos tener celeridad en la investigación y, de una u otra manera, tener juzgamientos mucho más efectivos y rápidos, no podemos tener cortapisas investigativas”, señaló el procurador Gómez Rudy.
El jefe del Ministerio Público propone utilizar otras herramientas, como el endoso y la trazabilidad del dinero en cuentas bancarias, que, según explicó, pueden conducir a la misma conclusión: si un funcionario cobró o desvió fondos públicos.
En la actualidad, los informes de auditoría son obligatorios para los procesos de peculado y enriquecimiento injustificado. El contralor Flores defendió esa posición en una entrevista con TVN Noticias. “La única autorizada por la Constitución para hacer auditorías que valgan ante el Ministerio Público es la Contraloría”, expresó.
El procurador Gómez ripostó. “Esa es la opinión del señor contralor, yo se la respeto, pero desde mi punto de vista los informes de Contraloría no son de esencia, cuando otros elementos de convicción te llevan a la misma conclusión".
Las diferencias entre ambos funcionarios se profundizan con las cifras. Según Flores, la Contraloría ha remitido al Ministerio Público unas 52 auditorías aproximadas relacionadas con investigaciones sobre juntas comunales por el presunto mal uso de fondos de la Autoridad de Descentralización.
Sin embargo, Gómez asegura que de las 252 auditorías solicitadas, unas 35 han llegado al despacho que dirige.
En juntas comunales se han solicitado alrededor de 252 solicitudes de auditorías en distintas juntas. De esas, han llegado como unas 35 aproximadamente y, sobre esas, a medida que llegan, si marcan lesiones, se están pidiendo audiencias (…)”, explicó el procurador.
El tema fue abordado también en la conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino, quien expresó reservas sobre la propuesta del procurador.
Yo creo, y hasta lo he hablado con el procurador, que debería retirarla y volverla a replantear mejor, porque a mí en lo personal sí me preocupa que, so pretexto de hacer justicia más rápida, quedemos en manos de fiscales que puedan ser teledirigidos a acatar órdenes y no a hacer investigaciones”, advirtió el mandatario.
La iniciativa del procurador aún no ha sido discutida en la Asamblea Nacional. Gómez reiteró que corresponde al Legislativo definir el rumbo del proyecto.
La Procuraduría hizo lo que tenía que hacer, que es presentar la propuesta, pero debo dar el espacio para que el órgano legislativo decida en qué momento se va a someter a discusión, en sus diferentes debates. El procurador, los fiscales y el Ministerio Público en general van a respetar las decisiones porque entienden perfectamente que al órgano legislativo le corresponde determinar las reglas de procedimiento penal”, puntualizó.
Con información de Nicanor Alvarado.