Procurador defiende propuesta de eliminar auditoría de la Contraloría en casos de peculado y Mulino pide que la retire

El procurador argumentó que el informe de la Contraloría no es un elemento de "esencia" si existen otras pruebas contundentes.

Ciudad de Panamá, Panamá/El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, defendió su proyecto de ley que busca permitir a los fiscales adelantar investigaciones por peculado y enriquecimiento injustificado sin depender de una auditoría previa de la Contraloría General de la República, una medida que el Ministerio Público considera esencial para la celeridad y efectividad de la justicia penal.

La propuesta ha generado un pulso con la Contraloría, que la considera inconstitucional por su función fiscalizadora. Sin embargo, el procurador Gómez refutó esta postura, señalando que, en la práctica, la auditoría se ha convertido en una "cortapisa" para las investigaciones.

La prioridad de la evidencia penal

El procurador argumentó que el informe de la Contraloría no es un elemento de "esencia" si existen otras pruebas contundentes.

"Desde mi punto de vista, los informes de Contraloría no son informes que son de esencia cuando otros elementos de convicción te llevan a la misma conclusión", afirmó Gómez. "Si hay otros elementos de convicción, llámese evidencias o pruebas, que no llevan a la misma conclusión de responsabilidad penal, entonces no necesito necesariamente el informe de Contraloría".

Gómez recordó que, por disposición constitucional, el Ministerio Público es el único llamado a realizar las investigaciones penales, acreditar el delito y llevar a los implicados ante los tribunales. Según su criterio, la norma constitucional que lo faculta no establece una limitación que exija un informe de la Contraloría para iniciar o avanzar en casos de peculado.

Reacciona Mulino

En su conferencia de prensa de este jueves, el presidente Mulino expresó su profunda preocupación y decepción por la actuación de los jueces de garantías y cumplimiento, a quienes responsabilizó de frenar la acción de la justicia contra casos de alto perfil y corrupción.

Crítica a la liberación de implicados

El mandatario señaló que existe una "incongruencia" en las decisiones de estos juzgados, pues a pesar de los esfuerzos de captura, las personas vinculadas a graves delitos terminan siendo liberadas.

El presidente Mulino afirmó: "Entonces, no hay una relación óptima entre las decisiones que se toman en esos juzgados de cumplimiento y la clase de delitos que están o deben estar investigando. Es muy delicado ver personas vinculadas a delitos atroces..."

Mulino indicó que esta situación se traduce en una "burla a la justicia panameña" y un incremento en el "sentimiento de impotencia" de la ciudadanía. Además, lamentó que los fallos permitan que los implicados "entren por una puerta y salgan por la puerta de atrás sin ningún tipo de sanción en realidad". El presidente también mostró alarma por el hecho de que "toda esa plata sucia ha circulado por el sistema bancario panameño".

Petición al procurador: Retirar el proyecto de ley

A pesar de que el procurador Luis Carlos Gómez defendió su proyecto para investigar peculado sin la auditoría de la Contraloría, el presidente Mulino reveló que le ha pedido al jefe del Ministerio Público que retire la propuesta y la replantee de una manera más integral.

El mandatario justificó su solicitud alegando que le preocupa que la celeridad en las investigaciones pueda abrir la puerta a actuaciones incorrectas o dirigidas.

Según el presidente Mulino: "Esa ley, yo creo, y hasta lo he hablado con el procurador, que debiera retirarla y volverla a replantear mejor. Porque a mí en lo personal sí me preocupa que, so pretexto de hacer justicia más rápida, quedemos en manos de fiscales que pueden, no digo que estén pasando, que pueden estar teledirigidos a acatar órdenes, no a hacer investigaciones".

Esta postura presidencial coincide con la advertencia del contralor general, Anel Flores, quien ha dicho que el proyecto del Ministerio Público sería violatorio de la ley, pues son las auditorías de la Contraloría las que deben establecer la lesión patrimonial antes de la intervención judicial.

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