Panamá/Con modificaciones acordadas junto a alcaldes y representantes de distintos corregimientos del país, la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 313, que reforma la Ley 37 de 2009 sobre descentralización de la administración pública.

La iniciativa recibió el respaldo de ocho diputados presentes en la comisión y ahora pasará a segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional. La propuesta incluye cambios en 58 artículos de la normativa vigente y la incorporación de cuatro nuevos artículos.

Los gobiernos locales acordaron presentar otras modificaciones, las cuales serán analizada en segundo debate.

El proyecto es el resultado de la fusión de las iniciativas 313 y 365, impulsadas por los diputados Javier Sucre, del Partido Revolucionario Democrático, y Jorge Herrera, del Partido Panameñista, quienes han acompañado las demandas de los gobiernos locales en torno al manejo de los recursos.

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En las últimas semanas, alcaldías y juntas comunales han elevado sus reclamos ante la Asamblea y el Ministerio de Economía y Finanzas, exigiendo la entrega completa de los fondos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Las críticas se centran en la forma en que estos recursos son distribuidos dentro del modelo de descentralización.

Uno de los cambios introducidos busca dejar claro que el Ministerio de Economía y Finanzas debe transferir la totalidad de estos fondos y no solo una parte, como ocurre actualmente según denuncian las autoridades locales.

La presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá, Nadine González, señaló que “tenemos siete años que no se transfieren todos los recursos; según el Ministerio de Economía y Finanzas, la ley no dice que se tiene que dar completamente el recurso, sino una estimación”.

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Pese a los avances en la comisión, alcaldes y representantes han insistido en que la aprobación de la reforma debe traducirse en su cumplimiento efectivo, ante el temor de que la ley continúe sin aplicarse plenamente como, aseguran, ha ocurrido desde su puesta en marcha, en 2016, hasta ahora.

El debate continuará en el pleno, en un escenario marcado por la presión de los gobiernos locales que buscan mayor claridad y garantías en la asignación de los recursos que consideran fundamentales para la gestión en sus comunidades.