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Artículo de la Ley de Política Agroalimentaria podría provocar alza de precios

Alimentos en Panamá

Demandan artículo de la Ley que establece una Política Agroalimentaria de Estado

Ciudad de Panamá/La Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), demandó el artículo 35 de la recién sancionada Ley que establece la Política Agroalimentaria de Estado (PADE), por supuestamente violar garantías constitucionales sobre libre mercado y derechos del consumidor.

Giovanny Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derechos del Consumidor, manifestó que tras analizar el contexto de la ley que habla sobre el desarrollo agroalimentario del país, consideran que el artículo 35 intenta emular un artículo del proyecto de ley 628 del 8 de marzo de 2018 que fue considerado como inexequible por la Corte Suprema de Justicia el 5 de julio del 2022.

Explicó que, el artículo genera un tipo de distorsión dentro del mercado de productos agropecuarios, porque limita al Estado a poder comercializar o almacenar productos venidos del exterior en todas sus instalaciones, lo que generaría que los proveedores que realizan esta actividad automáticamente tendrán que sacar esos productos de las entidades públicas, lo que afectará al consumidor.

Destacó que, este artículo viola varios artículos fundamentales de la Constitución que honran la libre competencia y concurrencia económica. Además, limita a los consumidores a poder recurrir a productos importados en las entidades o mercados públicos, lo que podría generar un aumento de precio por la distorsión en la cadena de comercialización y resguardo.

Resaltó que no están en contra de la producción nacional, al contrario, apoyan el consumir lo que genera el país.

De acuerdo con Fletcher, el recurso no está dirigido en contra de ningún grupo, ni de ninguna entidad pública del Estado, sino que está dirigida a proteger el derecho de los consumidores que tiene a la elección, reiterando que cualquier distorsión en la cadena de mercado provocará aumentos de precios, por lo que están a la espera de un pronunciamiento de la CSJ sobre si se viola o no el derecho de los consumidores. 

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