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Panamá/Después de dos fallidos intentos, la Asamblea Nacional aprobó este jueves la citación de la ministra de Desarrollo Social (Mides), Beatriz Carles, para que explique ante el pleno la situación de los albergues de niños, niñas y adolescentes en el país.
Fueron 34 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
La comparecencia incluirá un cuestionario de 42 preguntas relacionadas con la supervisión de estos centros, denuncias recibidas, sanciones aplicadas y protocolos de protección vigentes para salvaguardar a la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad.
La citación, impulsada por la bancada Vamos, se produce en medio de cuestionamientos públicos por la situación de un albergue y el manejo institucional de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), entidad adscrita al MIDES encargada de la protección de menores en riesgo social.
El debate se intensificó tras la denuncia presentada por la diputada Alexandra Brenes por supuestas irregularidades y abuso sexual dentro del albergue del Senniaf en Tocumen. Los hechos fueron expuestos por el ahora exadministrador César Pérez, quien aseguró que en reiteradas ocasiones informó a la dirección de la secretaría sobre lo que estaba ocurriendo, sin recibir una respuesta positiva y que, por el contrario, fue destituido del cargo.
Con la aprobación de la citación, el pleno busca que la ministra rinda cuentas y detalle las acciones adoptadas frente a las denuncias, así como las medidas implementadas para reforzar la supervisión y garantizar la protección integral de los menores bajo custodia del Estado.
La comparecencia se da en un contexto de alta sensibilidad social, donde diversos sectores han exigido mayor transparencia y respuestas claras sobre el funcionamiento de los albergues y la actuación de las autoridades responsables.
El documento revela un amplio abanico de interrogantes que van desde la cantidad de albergues existentes en el país hasta denuncias de maltrato, embarazos de menores bajo custodia estatal, uso de fondos públicos y posibles irregularidades administrativas.
Los diputados solicitarán datos concretos: número de albergues por provincia y comarca, cantidad de menores residentes, perfil del personal técnico, supervisiones realizadas, irregularidades detectadas y sanciones aplicadas desde julio de 2024.
Pero el cuestionario también profundiza en temas sensibles. Se pregunta cuántas denuncias por castigos indebidos o tratos crueles se han recibido, cuántas derivaron en investigaciones administrativas o fueron remitidas al Ministerio Público, y cuántos funcionarios han sido separados del cargo.
En el caso específico del CAI de Tocumen, los legisladores exigen detalles sobre quién tiene acceso al sistema de videovigilancia, desde cuándo se suministra comida empacada y cuándo será reparada la cocina.
Asimismo, el documento solicita información sobre subsidios entregados a ONG’s y patronatos, mecanismos de fiscalización y la autorización de comunicados oficiales relacionados con los albergues.
El cuestionario culmina con interrogantes de fondo sobre la responsabilidad estatal. Se pregunta qué significa, en términos operativos, proteger a un niño bajo tutela del Estado y si el MIDES reconoce que puede existir responsabilidad directa u omisiva cuando un menor sufre maltrato bajo custodia oficial.