Asamblea Nacional | Corto presupuesto y sombra de privilegios políticos marcan la sustentación de la Anati

Ciudad de Panamá/En el segundo día de vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional para el Presupuesto General del Estado 2027 —que supera los $35,000 millones—, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) acudió a defender sus aspiraciones financieras. Detrás de los números e indicadores contables, sin embargo, la sesión reflejó las tensiones entre la austeridad fiscal y las viejas heridas de la gestión territorial en el país.

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Para el próximo ejercicio fiscal, la Anati había solicitado un presupuesto de $23.7 millones para garantizar su operatividad y cumplir con compromisos pendientes. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó un recorte sustancial, fijando el monto en $15.3 millones.

El administrador general de la entidad, Andrés Page, advirtió ante los diputados la afectación directa que tendrá esta tijera presupuestaria en la gestión institucional. Según explicó, la tijera del MEF dejó desprotegidos renglones sensibles como las indemnizaciones laborales, el pago de primas de antigüedad y la cancelación de vigencias expiradas con proveedores. A esto se sumaron los cuestionamientos en el recinto parlamentario por la asignación de más de $1.6 millones destinados al alquiler de oficinas y arrendamientos institucionales.

El fantasma de la "tierra a centavos"

Más allá del debate contable, el ambiente en la Comisión de Presupuesto se tornó ético y político cuando el diputado José Pérez Barboni encaró al titular de la Anati sobre la discrecionalidad en la adjudicación de predios estatales.

En el pasado vivimos experiencias un poco incómodas con algunos políticos y políticas que obtuvieron tierras a centavos, prácticamente, sobre todo en el área de Capira con una exdiputada", cuestionó Pérez Barboni, instando a la institución a definir iniciativas para cerrar las puertas al acceso privilegiado y evitar conflictos de interés.

Frente al emplazamiento, Andrés Page defendió que el primer paso para erradicar las irregularidades radica en la aplicación estricta de las normas vigentes según el uso real del suelo —diferenciando la función social o agropecuaria de la venta directa a la Nación—, evitando castigar al pequeño productor que busca regularizar su patrimonio. No obstante, reconoció la necesidad de acotar la discrecionalidad del cargo que ostenta.

"El administrador tiene muchísimas facultades que le da la ley; eso, al final, estamos tratando de eliminarlo», afirmó Page. El funcionario reveló que sostiene reuniones con parlamentarios para establecer límites legales rigurosos: «[Es necesario] regularizar tanto el acceso a personas que puedan hacer las solicitudes como la cantidad de hectáreas que se pueden solicitar (...). Es sumamente importante poner límites porque actualmente no existen".

La Anati fue la primera de siete entidades programadas para sustentar sus vistas en la jornada, en un debate que contrapone la escasez de recursos públicos con la urgencia de blindar el patrimonio inmobiliario del Estado contra el favoritismo político.

Con información de María De Gracia.