Fundaciones exigen mayor transparencia y ética a la Asamblea: 'Es la más opaca de la región'
Ambas organizaciones, promotoras del concepto de "parlamento abierto", destacaron que, pese a algunos avances normativos, el manejo del órgano Legislativo sigue marcado por el clientelismo, la opacidad en el uso de fondos públicos y la resistencia a la fiscalización ciudadana.
Ciudad de Panamá, Panamá/La Fundación Espacio Cívico y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, denunciaron la persistente opacidad y falta de rendición de cuentas en la Asamblea Nacional, al presentar su más reciente balance sobre el desempeño del Parlamento en materia de transparencia, ética y participación ciudadana.
Ambas organizaciones, promotoras del concepto de "parlamento abierto", destacaron que, pese a algunos avances normativos, el manejo del órgano Legislativo sigue marcado por el clientelismo, la opacidad en el uso de fondos públicos y la resistencia a la fiscalización ciudadana.
Planillas, auditorías y silencio institucional
Uno de los principales señalamientos gira en torno al manejo de las planillas legislativas. Las fundaciones advirtieron que la falta de transparencia y control permitió que en diciembre de 2023 la Asamblea Nacional llegara a tener más de 6,000 funcionarios en planilla, sin una clara rendición de cuentas.
Durante el primer trimestre de 2025, la Contraloría General de la República anunció una auditoría a las planillas legislativas y, tras los hallazgos, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por posibles delitos contra la administración pública. Sin embargo, según las organizaciones, el manejo opaco continúa y no se han observado cambios sustanciales.
Conflictos de interés y patrimonio: obligaciones parciales y acceso limitado
Otro de los puntos críticos destacados fue la confidencialidad de las declaraciones de intereses y patrimonio. Aunque la Ley 316 de 2022 obliga a los diputados a presentar su declaración de intereses, esta permanece fuera del escrutinio público, ya que queda bajo la custodia de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI). Además, no existe una obligación legal de declarar públicamente el patrimonio, lo que limita el control ciudadano sobre posibles conflictos de interés y enriquecimiento ilícito.
En respuesta, Espacio Cívico puntúa más alto en su Boletín de Diputados a aquellos diputados que, de forma voluntaria, publican estas declaraciones en su plataforma www.espaciocivico.org. Entre ellos, se encuentra los diputados de la bancada independiente Vamos, algunos del Partido Panameñista y los del Movimiento Otro Camino.
Reformas estancadas y un código de ética pendiente
Pese a la expectativa ciudadana frente a debates como el de las reformas a la Caja del Seguro Social —uno de los pocos procesos con apertura ciudadana—, otras reformas fundamentales para combatir la corrupción siguen estancadas.
Entre ellas, las organizaciones señalaron:
- Reformas al Reglamento Interno de la Asamblea: que incluirían descuentos por ausencias injustificadas, normas de gestión documental, datos abiertos y registro de cabildeo.
- Proyecto de ley sobre la publicación obligatoria de la declaración patrimonial jurada: estancado en espera de segundo debate.
- Código de ética parlamentario: aún no se ha reactivado ni articulado con sanciones claras para quienes lo incumplan.
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La Asamblea, en el último lugar regional
Las fundaciones recordaron que, según el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2023 (ILTL), la Asamblea Nacional de Panamá ocupa el último lugar regional en cuanto a transparencia presupuestaria y administrativa.
“Reiteramos una vez más que los mecanismos corruptos y clientelistas que han resquebrajado la confianza de la ciudadanía en este Órgano del Estado no son una novedad”, afirmaron las organizaciones, señalando que los bajos niveles de transparencia evidencian una profunda desconexión entre la Asamblea y las demandas ciudadanas.