Ministerio Público realiza diligencia por caso de planillas en la Asamblea Nacional

La denuncia fue presentada por la Contraloría General de la República, luego de detectar que funcionarios de la Asamblea Nacional cobraban salarios sin cumplir sus jornadas laborales ni ejercer funciones reales dentro del Órgano Legislativo.

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Asamblea Nacional / TVN Noticias

Panamá/Fiscales anticorrupción realizaron este martes una diligencia de inspección en la Asamblea Nacional, luego de la denuncia penal presentada por el contralor general de la República, Anel Bolo Flores, en relación con las planillas legislativas, por la presunta existencia de “botellas”.

Se trata de las fiscales Adela Cedeño y Azucena Aizpurúa, quienes, junto con su equipo de trabajo, acudieron a la Asamblea para recabar información en el marco de la investigación que adelantan.

La denuncia fue presentada por la Contraloría General de la República el pasado viernes 23 de mayo ante el Ministerio Público, amparándose en el artículo 349 del Código Penal.

Las fiscales, que habrían llegado por sorpresa a la Asamblea, se reunieron con la Secretaría General de ese órgano del Estado.

El diputado del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, calificó la denuncia del contralor como “insuficiente” y “mal elaborada”.

Señaló que se solicitó el manual de funcionamiento, los nombramientos, las marcaciones, entre otros documentos. “La denuncia de tres páginas solo dice que hubo cheques retenidos (…) espero que esto no sea toda la alharaca que presentó la Contraloría”, manifestó.

En la denuncia presentada, la Contraloría detalla que, durante una auditoría a la planilla legislativa, se constató que ciertos funcionarios públicos estarían incurriendo en el “incumplimiento del ejercicio de los respectivos cargos o destinos públicos para los cuales fueron nombrados”, en contravención al artículo 145, numeral 19, de la Ley 9 de 1994. Esta norma prohíbe que cualquier servidor público “cobre salario sin cumplir con su jornada de trabajo”.

La denuncia hace referencia a presuntos delitos contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de servidores públicos.

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