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ASEP endurece reglas para la venta de TV Box e IPTV en Panamá
La entidad advirtió que incluso podrían existir responsabilidades penales en casos relacionados con distribución ilegal de contenido protegido.
La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos reforzó la regulación sobre la comercialización de dispositivos IPTV en Panamá, prohibiendo la venta de equipos que permitan acceder a canales de televisión o contenidos sin la autorización de sus propietarios o distribuidores oficiales.
La medida quedó establecida mediante la Resolución AN No. 21605-RTV del 30 de abril de 2026, que modifica y amplía la reglamentación vigente desde 2011 sobre el uso y comercialización de receptores IPTV, como TV Box, Android TV Box y TV Stick.
Según informó la ASEP, los agentes económicos que distribuyan o comercialicen estos dispositivos no podrán venderlos con aplicaciones instaladas que faciliten el acceso a canales de televisión o contenido audiovisual sin contar con la debida autorización de los titulares de los derechos.
Además, el soporte técnico que ofrezcan los comercios deberá limitarse únicamente a aplicaciones y plataformas autorizadas o que cuenten con licencias válidas para operar en Panamá.
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La entidad también advirtió que los concesionarios del Servicio de Televisión Pagada No. 904 que tengan sistemas de gestión remota podrán deshabilitar o eliminar aplicaciones instaladas en equipos de su propiedad cuando estas permitan acceder a contenido televisivo sin autorización.
La ASEP recordó que este servicio solo puede ser prestado por concesionarios autorizados, utilizando redes propias y con la capacidad técnica necesaria para garantizar la calidad del servicio.
La resolución establece que las acciones u omisiones que incumplan estas disposiciones podrán ser sancionadas por la ASEP, sin perjuicio de las medidas que también pueda aplicar la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, en base a la Ley 45 de 2007 y otras normas vigentes.
La entidad advirtió que incluso podrían existir responsabilidades penales en casos relacionados con distribución ilegal de contenido protegido.
Las nuevas medidas surgen luego de reportes presentados por concesionarios de televisión pagada, quienes denunciaron prácticas de algunos comercios y particulares que ofrecían accesos a contenido sin contar con derechos de distribución, a cambio de pagos económicos.
