Decretan detención provisional para el alcalde de Pocrí, Manuel Soriano, investigado casos de peculado en Conades
El programa “Sanidad Básica 100 % agua y 0 letrinas” fue impulsado entre 2014 y 2019 por el Conades.
Panamá/El alcalde del distrito de Pocrí, en la provincia de Los Santos, Manuel Soriano Cedeño, fue detenido provisionalmente por orden de una jueza de garantías, en relación con dos de las siete carpetillas que se le siguen por presuntos delitos de peculado. La aprehensión se realizó el jueves durante un allanamiento a su residencia, y fue presentado en audiencia este viernes, donde se legalizó su detención.
Soriano, quien fungió como secretario ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) entre 2014 y 2018, enfrenta siete investigaciones distintas, cada una en una carpeta separada, relacionadas con proyectos de infraestructura sanitaria que debieron ejecutarse durante su gestión.
Según la Fiscalía Anticorrupción, entre los proyectos señalados se encuentra uno para la construcción de 453 unidades sanitarias en el Caño de Natá, provincia de Coclé, entre 2016 y 2018, con un contrato de más de un millón de dólares, de los cuales se desembolsaron anticipos por más de $100,000, sin que se registrara ejecución alguna.
Otro de los casos destacados se refiere a un proyecto de aproximadamente $3 millones, en el que, a pesar de haberse realizado pagos adelantados, solo se completó un 4.5% de avance físico, equivalente a 56 unidades sanitarias construidas.
Durante la audiencia de este viernes, Soriano informó que su abogado particular no podría asistir, tras lo cual la jueza determinó que no había motivo válido para suspender el acto. En consecuencia, se le asignaron siete defensores públicos, uno por cada carpeta, con el objetivo de garantizar el desarrollo del proceso.
Además del alcalde, fueron aprehendidos cuatro contratistas involucrados en los proyectos bajo investigación, quienes también fueron presentados ante la autoridad judicial.
En esta fase, la Fiscalía procedió con la formulación de cargos, basándose en auditorías elaboradas por la Contraloría General de la República, entregadas entre junio de 2024 y marzo de 2025, sobre obras que debieron ejecutarse durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela.
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Los abogados defensores argumentaron que los contratos en cuestión también estaban sujetos a procesos administrativos, como la ejecución de fianzas de cumplimiento, responsabilidad que, según sostienen, recaía en la institución contratante. Asimismo, cuestionaron el uso de allanamientos y detenciones, asegurando que los investigados pudieron haber sido citados de manera menos invasiva.
La fiscalía busca ahora que se formulen cargos por peculado doloso, agravado y otras modalidades de delitos contra la administración pública, además de solicitar medidas cautelares para los implicados.
Mientras tanto, se espera que este sábado 5 de julio se desarrollen otras audiencias de imputación y de medidas cautelares en las carpetillas que hacen falta.
Hoy, en una entrevista con TVN Noticias, Antonio Tercero González, actual secretario ejecutivo de Conades, indicó que existen denuncias provenientes de gestiones anteriores. Añadió que en esta administración se han presentado 22 denuncias, 5 querellas y se han remitido 35 expedientes a la Dirección General de Ingresos, en coordinación con el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. La lesión patrimonial estimada en este caso podría superar los 18 millones de dólares, correspondientes a fondos ejecutados durante dos administraciones pasadas.
¿Qué es Sanidad Básica?
El programa “Sanidad Básica 100 % agua y 0 letrinas” fue impulsado entre 2014 y 2019 por el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), durante los gobiernos de Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo. Su objetivo era instalar unidades sanitarias para erradicar el uso de letrinas en comunidades vulnerables.
Las investigaciones del Ministerio Público y la Fiscalía Anticorrupción sobre este programa están enfocadas en posibles casos de peculado y malversación de fondos. Se analizan contratos de unidades sanitarias que no fueron ejecutados, pagos anticipados sin respaldo físico y posibles daños patrimoniales al Estado.
Con información de Meredith Serracín
