ACP destaca el valor del censo en río Indio, mientras la Coordinadora Campesina rechaza proyecto de embalse
La Coordinadora Campesina por la Vida pide que el embalse se haga en el Bayano y no en río Indio. Además, anunció que ha elevado una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Panamá/La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció hoy que el censo socioeconómico en la cuenca del río Indio es una herramienta clave para impulsar el desarrollo de las familias ubicadas en el área del proyecto. Este estudio permitirá conocer con precisión las condiciones sociales, económicas y culturales del territorio, con el fin de orientar estrategias de atención responsables y sostenibles.
Además de recolectar datos, el censo busca generar información crucial para una planificación informada que priorice el bienestar de las comunidades.
El Canal de Panamá explicó que esta iniciativa, que se realiza en las comunidades comprendidas dentro del área del proyecto del lago de río Indio, tiene como propósito comprender de manera integral las condiciones de vida y las dinámicas sociales, económicas y ambientales de la región. Todo esto con miras a diseñar políticas y proyectos que fomenten el desarrollo humano, económico y la protección ambiental de una de las reservas hídricas más importantes para el futuro del país.
De acuerdo con Ilya Espino de Marotta, subadministradora del Canal y coordinadora del proyecto, “este estudio brindará información fundamental que, unido al diálogo y a la participación de las comunidades, permitirá la toma de decisiones con base en datos concretos, orientando así la formulación de políticas y acciones en el área, tal como ocurre en la Cuenca Oriental donde el Canal de Panamá desarrolla, junto a las familias del sector, proyectos para el desarrollo sostenible local”.
Agregó que “el censo tiene como objetivo generar información precisa y actualizada sobre los diversos capitales básicos para el desarrollo sostenible: humano, social, económico, físico y natural a lo largo de 75 lugares poblados identificados dentro del área del proyecto”.
La funcionaria además indicó que, a través de esta labor, el Canal de Panamá busca contar con un panorama territorial detallado que sirva como base sólida para diseñar estrategias de gestión y atención social, respetando la realidad de cada comunidad. Enfatizó que este ejercicio está enfocado exclusivamente en recabar información objetiva, distanciada de opiniones personales, y que no debe interpretarse como una encuesta de opinión.
En cuanto al papel de las comunidades, Espino de Marotta agradeció a “las más de 765 familias en el área del proyecto por aportar voluntariamente información muy valiosa para el futuro desarrollo del área”. También señaló que “las familias que aún no han tenido oportunidad de ser censadas, especialmente debido a interrupciones forzadas en el proceso, pueden acercarse a las oficinas de relaciones comunitarias para ser orientadas”.
Sin embargo, en el mismo contexto, la Coordinadora Campesina por la Vida reiteró hoy su oposición al proyecto de embalse que busca garantizar el suministro de agua potable a las provincias de Panamá y Colón, además de apoyar la operación de la vía interoceánica.
La organización denunció falta de claridad por parte de la ACP y aseguró que, ante esta situación, realizaron su propio censo, visitando los 52 lugares poblados que serían impactados por el embalse. Según sus datos, en estas comunidades residen aproximadamente 749 familias, de las cuales el 85% manifestó estar en contra del proyecto, argumentando que debería realizarse en Bayano y no en el río Indio, donde el impacto afectaría a unas 12 mil familias.
De acuerdo con la Coordinadora, este censo se llevó a cabo siguiendo los principios del Acuerdo de Escazú. Además, denunciaron que han recibido constantes amenazas por parte de la ACP, afirmando que “se les advierte a los pobladores que, si se oponen al proyecto, podrían ser expropiados de las tierras que con esfuerzo han construido y habitado”.
Además anunció que ha elevado una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), registrada bajo el código MC 531-2025, en la cual, exigen la suspensión del proyecto, así como el envío de una misión internacional que verifique el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros tratados relacionados con los derechos de los pueblos.
El 16 de mayo, la Coordinadora anunció que realizará una actividad a partir de las 9:00 a.m. en la desembocadura del río, en el área de Colón.