Diputados de Vamos denuncian al contralor por extralimitación de funciones ante el Ministerio Público
A la presentación de la denuncia acudieron seis diputados de los ocho despachos afectados.
Panamá/Diputados de la bancada Vamos presentaron este jueves una denuncia penal por presunta extralimitación de funciones para que se inicie una investigación al contralor general de la República, Anel Flores.
El diputado Roberto Zúñiga, jefe de la bancada, explicó que la decisión se tomó luego de agotar las vías de comunicación con el contralor, incluida una reunión que fue suspendida el pasado lunes. A su juicio, las acciones de la Contraloría representan un abuso de poder.
Es una señal muy negativa, no solamente para nuestra población, sino para la comunidad internacional, que aquí al que opine diferente lo señalen y lo presionen, reteniéndole el pago de sus funcionarios adscritos a nuestra bancada independiente”, expresó.
Por su parte, la diputada Janine Prado señaló que la situación trasciende el ámbito político. “El contralor no solo le está haciendo daño a este gobierno que tiene una desaprobación arriba del 70%, sino sobre todo al país”, indicó.
Prado también cuestionó la falta de una acción firme por parte del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Herrera, al considerar que se estarían vulnerando derechos laborales de funcionarios del Legislativo.
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Esto no se trata de ellos, esto se trata de una persecución selectiva del contralor y arbitraria en contra de ocho diputados, despachos de la bancada Vamos, porque en todo momento hemos ejercido nuestro rol fiscalizador con contundencia ante las diferentes arbitrariedades y acciones al borde de la ilegalidad que ha llevado a cabo el contralor”, afirmó.
La bancada ha denunciado que más de 39 funcionarios que laboran en ocho despachos no han recibido sus quincenas, algunos desde hace más de un mes, y en ciertos casos tampoco el décimo tercer mes. Inicialmente, los diputados atribuyeron la situación a sus posturas frente al proyecto de bioetanol.
Desde la Contraloría, en cambio, se sostiene que las medidas responden al cumplimiento de la normativa vigente.
En un comunicado emitido el 21 de abril, la entidad indicó que “dichas acciones no responden a decisiones arbitrarias ni a motivaciones políticas, sino al cumplimiento estricto de las normas que rigen la administración pública y el control del gasto del Estado”.
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La institución explicó que su función es verificar que los pagos se realicen conforme al cumplimiento de las funciones asignadas y los mecanismos de control establecidos. En ese sentido, señaló que las medidas se sustentan en resoluciones emitidas desde el año pasado, orientadas a validar el registro de asistencia y puntualidad de los servidores públicos.
Además, informó que elevó una consulta a la Procuraduría de la Administración sobre el marcaje de asistencia en la Asamblea Nacional. Según la respuesta recibida, solo el presidente en ejercicio y el secretario general pueden exonerar a funcionarios de este requisito, una disposición que, según la entidad, no se ha cumplido en algunos casos.