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Ciudad de Panamá, Panamá/La Corte Suprema de Justicia decretó este viernes 20 de junio la suspensión de los términos judiciales en toda la provincia de Bocas del Toro, como respuesta a la creciente inestabilidad del orden público en la región.
La medida, adoptada por el Pleno de la Corte mediante el Acuerdo No. 453 estará vigente desde hoy viernes hasta el lunes 23 de junio de 2025, inclusive, conforme a lo establecido en los párrafos segundo y tercero del artículo 267 del Código Judicial.
Esta medida obedece a la situación de inestabilidad del orden público que se registra en esta región del país, que requiere de garantizar la vida e integridad de los usuarios de la justicia y de los servidores judiciales que hacen posible este servicio público”, indicó el comunicado oficial de la Corte.
A pesar de la suspensión general, se exceptúan de esta disposición las oficinas judiciales del Sistema Penal Acusatorio (SPA), así como las jurisdicciones de Niñez, Adolescencia y Familia, y el Instituto de la Defensa Pública, pero únicamente en lo relacionado con medidas urgentes.
La decisión se da en un contexto de creciente tensión social en Bocas del Toro, donde desde hace casi dos meses se mantienen protestas, huelgas, cierres de calles y recientes actos de vandalismo que han afectado infraestructuras estatales y privadas, lo que ha llevado al Gobierno a declarar un estado de emergencia en la provincia.
Como recordarán la provincia de Bocas del Toro lleva más de un mes con cierres y bloqueos de calles. Sin embargo, ayer jueves, las protestas se intensificaron pasado el mediodía, cuando comenzaron a reportarse situaciones de inseguridad y altercados entre los manifestantes y los estamentos de seguridad que permanecen en el área para intentar controlar la situación.
Cerca de las 2:00 p.m., el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) informó mediante un comunicado que uno de sus agentes había sido privado de libertad mientras se dirigía a su lugar de trabajo. En ese mismo documento, se responsabilizó a docentes y a miembros del sindicato bananero Sitraibana por cualquier hecho que pudiera afectar al funcionario.
Minutos más tarde, se reportó que el agente fue liberado tras una negociación sostenida entre los manifestantes y la gobernadora de la provincia.
Posteriormente, los enfrentamientos se intensificaron en las cercanías del puente sobre el río Changuinola. Desde un lado se lanzaban bombas lacrimógenas, y del otro respondían con piedras. El ambiente se tornó caótico: cortinas de humo, gases, objetos voladores y personas corriendo en todas direcciones. El control, claramente, se había perdido.
La situación se agravó aún más cuando residentes del sector de El Empalme —niños, adultos y personas con discapacidad— se vieron obligados a abandonar sus hogares en busca de un lugar seguro, afectados por los gases lacrimógenos.
Los manifestantes lograron replegar a los agentes, quienes buscaron refugio en el estadio Calvin Byron. Sin embargo, hasta allí llegaron los protestantes, lanzando piedras y objetos incendiarios, causando daños a la infraestructura del emblemático coloso tortuguero.
La noche comenzó con una tensión extrema. Tras replegar a las fuerzas del orden, los manifestantes se dirigieron a las instalaciones de la empresa Chiquita Panamá, amenazando con incendiarlas. También se aproximaron al aeropuerto de Changuinola, donde causaron daños en la cerca perimetral.
Estos hechos motivaron al presidente de la República a convocar una sesión del Consejo de Gabinete para este viernes.