Bolsas reutilizables bajo la lupa: multas rozan los 100 mil dólares por incumplimientos comerciales

Ciudad Panamá/Durante años, la promesa de reducir el uso de plásticos en Panamá ha pasado tanto por la conciencia ciudadana como por la presión regulatoria. Sin embargo, los números más recientes muestran que una parte del comercio todavía no se ajusta del todo a las reglas del juego.

Entre 2019 y marzo de 2026, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha impuesto 393 sanciones que en conjunto suman B/. 98,435.00 por violaciones a la ley que regula el uso de bolsas reutilizables. La cifra no solo revela incumplimientos reiterados, sino también fallas básicas en procesos que deberían estar estandarizados desde hace años.

El principal problema detectado no tiene que ver directamente con el precio al consumidor, sino con un requisito técnico: 317 sanciones, la gran mayoría corresponden a comercios que no contaban con el certificado de conformidad exigido para vender bolsas reutilizables. Este documento, emitido por la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (Dgnti), adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), valida que los productos cumplen estándares mínimos de calidad.

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En otras palabras, cientos de establecimientos han estado comercializando bolsas sin acreditar que cumplen las condiciones técnicas que la propia ley exige.

El segundo foco de incumplimiento apunta a la transparencia: 47 sanciones fueron aplicadas a negocios que no declararon el costo de las bolsas, un requisito clave porque la normativa obliga a venderlas a precio de costo o incluso por debajo. A esto se suman 22 multas por cobrar más de lo declarado y 7 casos donde los precios simplemente no estaban visibles para el consumidor.

La regulación, establecida en la Ley 1 del 19 de enero de 2018, no deja demasiado margen de interpretación. Desde su entrada en vigor, primero para comercios minoristas en julio de 2019 y luego para mayoristas en enero de 2020, el objetivo ha sido claro: desincentivar el uso de bolsas plásticas de polietileno y empujar una transición hacia alternativas reutilizables o biodegradables.

Pero la implementación ha tenido matices. Según la propia Acodeco, algunos agentes económicos han optado por una salida práctica: dejar de ofrecer bolsas reutilizables para evitar la obligación de declarar costos y cumplir con los requisitos formales. Es una decisión que, aunque legal, traslada la responsabilidad directamente al consumidor.

En paralelo, sí se percibe un cambio en la calle. Cada vez es más común ver a compradores llegar con sus propias bolsas, una señal de que la política pública, con tropiezos incluidos, ha empezado a modificar hábitos.

Aun así, el balance deja una pregunta abierta: si después de varios años de vigencia la mayoría de las sanciones responden a incumplimientos básicos, ¿el problema es falta de fiscalización, desinterés del comercio o una normativa que, en la práctica, resulta más difícil de aplicar de lo previsto?

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