¡Se caen a pedazos! Residentes de Valle de los Cerezos viven entre las grietas y temor de que sus casas colapsen

Los residentes de la barriada Valle de los Cerezos, ubicada en el corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján, volvieron a alzar su voz para exigir una respuesta de las autoridades ante el deterioro estructural que, aseguran, pone en riesgo la vida de más de 500 familias que aún habitan el residencial.

La preocupación se intensificó luego de que hace menos de dos días se desprendió parte del techo de una de las viviendas. El incidente ocurrió en la sala de la residencia y, por fortuna, no dejó personas lesionadas, ya que en ese momento no había nadie en el lugar.

Sin embargo, tras una evaluación realizada por el Cuerpo de Bomberos, la familia recibió la recomendación de abandonar temporalmente la casa debido al riesgo que representaba permanecer en ella. Desde entonces, sus integrantes se trasladaron a la vivienda de un familiar.

Durante un recorrido realizado por Noticias AM, las cámaras mostraron el estado en que quedó la vivienda, con parte de la losa desplomada, vigas expuestas y varillas visiblemente corroídas. Para los residentes, este caso no es un hecho aislado, sino el reflejo de un problema que, según afirman, afecta a la mayoría de las casas del proyecto habitacional.

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Daniel, presidente de la Junta de Desarrollo de Valle de los Cerezos, explicó que las viviendas comenzaron a presentar fallas estructurales hace varios años y atribuyó la situación a deficiencias en los materiales de construcción y en la supervisión del proyecto.

"Hemos tenido esta problemática con las residencias por el mal material y la falta de supervisión. Incluso hemos buscado documentación y no consta prácticamente nada, ni en la Alcaldía ni administrativamente", manifestó durante la entrevista.

El dirigente comunitario indicó que el residencial fue construido entre 2001 y 2003 como un proyecto de interés social. Sin embargo, aseguró que posteriormente las viviendas pasaron a comercializarse como residencias privadas de primera calidad, mientras que con el paso de los años comenzaron a evidenciarse problemas estructurales.

También señaló que la empresa promotora cambió de nombre y que los reclamos presentados por los propietarios nunca tuvieron una respuesta satisfactoria.

Según explicó, actualmente muchas familias continúan pagando sus hipotecas pese al estado de las viviendas. De acuerdo con los testimonios, algunas casas fueron adquiridas por montos que oscilan entre 25 mil y 49 mil dólares, mientras que las cuotas mensuales rondan entre 200 y 300 dólares. A ello se suma el gasto que han debido asumir los propietarios para realizar reparaciones constantes con el fin de mantener las viviendas habitables.

Daniel afirmó que los vecinos han agotado distintas vías para buscar una solución. Explicó que, tras nuevas gestiones, un ingeniero municipal les comunicó que en la Alcaldía no existen expedientes relacionados con la barriada. También aseguró que el ministro del ramo les informó recientemente que el proyecto continúa siendo considerado de interés social, situación que, según los residentes, genera incertidumbre sobre la responsabilidad de atender el problema.

Otro de los moradores relató que interpuso una demanda contra la promotora hace aproximadamente ocho años y obtuvo un fallo favorable. No obstante, aseguró que la propuesta de compensación no resolvía el problema, ya que contemplaba únicamente el pago del saldo de la hipoteca y no una indemnización que les permitiera adquirir otra vivienda.

El vecino sostuvo que, en su caso, ha invertido más de 18 mil dólares en mejoras para reforzar la estructura de su casa, sin contar el costo de la mano de obra, y que aun así las filtraciones, el deterioro del concreto y los daños eléctricos continúan afectando la vivienda. Añadió que la mayoría de los residentes se encuentra en una situación similar: pagan mensualmente la hipoteca y, al mismo tiempo, deben destinar recursos adicionales para reparar inmuebles que consideran presentan vicios ocultos desde su construcción.

Los residentes también recordaron que a principios de este año la situación fue inspeccionada por la Defensoría del Pueblo, luego de una denuncia pública. En esa ocasión participaron el defensor Eduardo Leblanc, representantes de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Codeco), un diputado del área y especialistas que recomendaron realizar nuevas evaluaciones técnicas con apoyo de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

De acuerdo con la resolución emitida posteriormente por la Defensoría, el residencial está conformado por 530 viviendas, la mayoría con problemas estructurales considerados graves. Durante la inspección, las autoridades documentaron casos de adultos mayores que no podían utilizar sus habitaciones por el riesgo de colapso de las losas, así como la presencia de niños y adolescentes viviendo en inmuebles con daños significativos. Entre las recomendaciones planteadas figuró involucrar a instituciones como Sinaproc, Codeco y la UTP para realizar estudios técnicos adicionales y dar seguimiento al caso.

Pese a esas recomendaciones, los residentes aseguran que la situación permanece prácticamente igual. Incluso realizaron recientemente una protesta para llamar nuevamente la atención de las autoridades y solicitar una intervención urgente.

Información de Fabio Caballero