Concesiones públicas sufren por limitada fiscalización y falta de instituciones fuertes, advierte Barsallo

Ciudad de Panamá/El modelo de concesiones públicas en Panamá enfrenta una crisis estructural que va más allá de la simple prestación de servicios. Según el especialista en transparencia y contrataciones públicas, Carlos Barsallo, el problema de fondo es un tema de gobernanza.

"No podemos seguir regulando y viendo concesiones en el siglo XXI con reglas del siglo XX", advierte. Para el experto, la inercia y la omisión han provocado que los incumplimientos de los privados escalen hasta convertirse en crisis de grandes magnitudes, donde el ciudadano termina pagando los platos rotos con servicios deficientes y obras varadas.

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El vigilante también debe ser vigilado

Para Barsallo, la solución inmediata no es solo cambiar leyes por arte de magia, sino aplicar lo que ya existe con un enfoque multidisciplinario.

La Contraloría, el MEF y los reguladores sectoriales deben dejar de trabajar en nichos separados y articular una vigilancia cruzada. Además, recuerda que en el país existe el delito de omisión de funcionarios, el cual casi nunca se aplica cuando las autoridades no actúan ante los incumplimientos.

Su propuesta más disruptiva para garantizar la fiscalización de contratos es la integración de la tecnología. El especialista sugiere automatizar las sanciones para eliminar la discrecionalidad humana y los conflictos de interés.

"Si un concesionario deja de recoger la basura, el sistema debe cortar el pago automáticamente, sin que un funcionario tenga que intervenir", explica. De esta forma, se evita la politización y se blindan los recursos del Estado.

Otro punto crítico es el control de las adendas. Barsallo señala que en el país se han convertido en la regla y no en la excepción, permitiendo que empresas ganen licitaciones con ofertas irrisorias para luego inflar los costos.

A diferencia de otros ministerios, el Canal de Panamá ha demostrado que es posible rechazar estas modificaciones y ganar en arbitrajes, siempre que exista una institucionalidad fuerte que lo respalde.

Instituciones sólidas

Finalmente, el experto hace un llamado a la planificación previa. Antes de concesionar, el Estado debe definir con total transparencia el porqué, el con quién y el cómo.

Más importante aún, advierte que la transparencia no puede depender de la buena voluntad de un gobierno de turno. "Todos los políticos son temporales; lo que queda son las instituciones", concluye, enfatizando que solo con reglas claras, automáticas y exigentes se evitará que, en una década, el país siga lamentando los mismos errores en sus contrataciones públicas.