TVN Investiga: Concesiones bajo la lupa

Ciudad de Panamá, Panamá/Una hidroeléctrica que podría abastecer al 10% del país lleva 20 años empantanada. Un proyecto de puerto frente al Canal sigue en ruinas 13 años después de concesionado. Un distrito entero convivió durante un cuarto de siglo con calles llenas de basura. Y millones de clientes pagan facturas de luz sin garantía de que el servicio funcione. Una investigación de TVN recorrió cuatro concesiones públicas —energía, distribución eléctrica, aseo y puertos— y encontró el mismo patrón detrás de cada una: contratos negociados a favor de las empresas, licitaciones con competencia asfixiada y una fiscalización estatal que llega tarde, si es que llega. El resultado, coinciden varias de las fuentes consultadas, es que la factura de estos contratos mal diseñados termina pagándola siempre el ciudadano.

Chan II: La "batería" que nunca arrancó

En el río Changuinola, en Bocas del Toro, se ubica lo que el sector eléctrico panameño llama su última gran reserva de energía renovable. Jorge Rivera Staff lo describe como "nuestra última gran batería de energía renovable, porque es una planta, un proyecto que tendría capacidad de almacenamiento de agua para varias semanas".

La concesión de Chan II lleva 20 años empantanada. Nació en 2014, cuando el gobierno de Ricardo Martinelli —ya derrotado en las urnas— entregó el proyecto a la estatal Egesa, que con apenas 36 millones de dólares de presupuesto no podía asumir una obra de mil millones. Egesa llamó a licitación y solo se presentó Odebrecht, la constructora que después confesó haber pagado sobornos por decenas de millones de dólares en Panamá.

Documentos revisados por TVN Investiga muestran que la competencia fue asfixiada desde el pliego de cargos: Egesa exigía comprar un DVD con información técnica por 50 mil dólares solo para acceder a las visitas de campo. La propuesta de Odebrecht tasó la obra en 1,049 millones de dólares, casi el doble de lo que costó Chan I años antes en el mismo río.

La diputada Janine Prado señala: "Definitivamente hay una falla estructural grave y sistematizada a lo largo de los años", que genera "el caldo de cultivo perfecto para que entonces proyectos queden en el abandono o rentando muy poco para el Estado".

Odebrecht renunció al proyecto en 2018 sin poner una piedra. Desde entonces, la concesión acumula seis adendas. Jorge Billingslea, de la ASEP, admite que el contrato "debe ser actualizado, de hecho, porque en la última adenda era con inicio de construcción en el 2025 y finalización de construcción en el año 2030". Un informe de la Secretaría de Energía proyecta que Chan II operaría en 2031, pero no hay certeza de cuándo iniciará. Egesa no respondió a las solicitudes de entrevista.

Distribuidoras: apagones, multas y una licitación en el horizonte

El otro frente es la distribución eléctrica, en manos de Naturgy y Ensa, empresas en las que el Estado además mantiene 48% de participación accionaria. Sus concesiones vencen en octubre de 2028 y ambas compañías ya anunciaron que buscarán extenderlas 15 años más.

En Panamá Oeste, vecinos como Rosa Julia Camacho y la avicultora Zaida Broce documentan daños en electrodomésticos y plantas eléctricas por fluctuaciones constantes; Broce calcula pérdidas de más de 5,800 dólares en dos incidentes. En Colón, clientes de Ensa han llegado a lanzar sus aparatos dañados frente a las oficinas de la empresa.

Naturgy y Ensa responden con cifras de inversión —1,900 y 1,100 millones de dólares respectivamente— y atribuyen buena parte de las fallas a eventos fortuitos como descargas atmosféricas. El último informe de la ASEP concluye que Ensa es más constante en las zonas de mayor densidad de clientes, mientras Naturgy enfrenta más dificultades, sobre todo en áreas rurales.

Entre 2024 y 2025, la Autoridad de Servicios Públicos (ASEP) multó a las distribuidoras por 39 millones de dólares, la mayoría a Naturgy. El propio exdirector del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), Fernando Aramburú, admite que el punto débil está en la fiscalización: "Si hubiera que cambiar algo, es la forma en que se fiscaliza, la forma en que se multa y la forma en que se sanciona; allí está nuestro talón de Aquiles".

Revisalud y Cerro Patacón: 25 años de basura sin control

En San Miguelito, la concesión de aseo Revisalud —de la colombiana Interaseo— operó 25 años sin informes financieros ni de cumplimiento verificables. Una inspección de 2023 encontró que 8 de 9 corregimientos estaban repletos de desechos y que la empresa no recogía basura al 60% de la población. Las sanciones acumuladas apenas sumaban 15 mil dólares, equivalentes a cinco centavos por habitante.

La alcaldesa Irma Hernández relata que, al intentar licitar de nuevo el servicio, una empresa interesada le propuso un esquema de sobornos por escrito: "Me escribe en una servilleta, diciéndome: 'Irma, yo tengo familia, yo tengo una reputación y yo entiendo las políticas que tú tienes, pero esto funciona así'". Según Hernández, así opera buena parte de la contratación pública en el país.

A pocos kilómetros, Cerro Patacón —el relleno sanitario operado por Urbalia, otra empresa de Interaseo— colapsó tras años de denuncias ambientales por lixiviados sin control y quema de desechos. La Autoridad de Aseo terminó el contrato en 2023; Urbalia reclama ahora 27 millones de dólares en indemnización. El director de la entidad, Ovil Moreno, adelanta conversaciones con los gobiernos de Japón y Corea del Sur para una posible solución tecnológica al vertedero.

Isla Margarita: la joya portuaria congelada

Frente a la entrada atlántica del Canal, Isla Margarita fue concesionada en 2013 a empresas china y panameña para construir un puerto de carga y un patio de contenedores, con una inversión prometida de más de 400 millones de dólares. Trece años después, la infraestructura sigue siendo mínima y en ruinas, pese a que el contrato pasó por adendas que elevaron la inversión comprometida a más de mil millones y por al menos dos cambios de propietario del consorcio.

El exadministrador del Canal, Jorge Luis Quijano, resume el problema: "Tú no sueltas los contratos (...) no puedes soltar los contratos. Eso solito no lo puedes dejar en mano de él, no lo puede dejar nada más en mano del contratista". En abril de 2025, la Autoridad Marítima de Panamá declaró terminado el contrato. El presidente José Raúl Mulino anunció una nueva licitación internacional para 2026 y advirtió: "El que no ejecuta una concesión se le quita (...) el que la quiere la va a trabajar y va a dar las garantías necesarias al Estado panameño".

El patrón común

De los ríos de Bocas del Toro a los rellenos de San Miguelito y los muelles de Colón, los cuatro casos comparten los mismos ingredientes: licitaciones con competencia limitada, contratos que blindan a las empresas más que al Estado y una fiscalización que llega tarde o no llega. Como resume la analista de Transparencia Internacional Olga de Obaldía, el país suele enterarse de estos problemas "cuando ya pasó, cuando quienes debían representar los mejores intereses del Estado (...) no protegieron ese bien común".

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