Fraude millonario en DGI: Acuerdos de pena en caso de defraudación generan opiniones divididas

Ciudad de Panamá/Los acuerdos de pena alcanzados con dos personas investigadas por la presunta defraudación a la Dirección General de Ingresos (DGI) han generado posiciones encontradas entre especialistas del ámbito judicial.

La exprocuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, explicó que esta herramienta es utilizada a nivel internacional para abordar investigaciones complejas relacionadas con corrupción y crimen organizado.

Según Gómez, la colaboración de personas que participaron o tuvieron conocimiento directo de una estructura delictiva puede ser determinante para reconstruir los hechos e identificar a quienes ocupaban posiciones de mayor jerarquía.

“Son delitos en los que, por lo general, si una persona que estuvo dentro de la organización criminal o participó no habla, es muy difícil conocer toda la trama y desentrañar los diferentes aspectos de la investigación. Muchas veces sirve para llegar a los altos cabecillas de una organización”, indicó.

La exprocuradora señaló que el denominado caso Pandora constituye una investigación compleja, debido a que para la comisión de los presuntos delitos habría existido una planificación previa, oportunidades para ejecutar los hechos, falta de fiscalización y debilidades institucionales.

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“Es necesario que el sistema les ofrezca algo para que contribuyan a reducir el tiempo que tomaría la investigación y poder llegar a los cabecillas. Queda demostrado que los acuerdos de pena son importantes, porque las personas están aceptando su responsabilidad. Nada las exime de una condena, aunque pueden recibir el beneficio de una rebaja establecido por la ley”, sostuvo Gómez.

En contraste, el exfiscal Giovani Olmos consideró que los acuerdos de pena no deberían aplicarse en casos de alto perfil que involucren delitos graves, afectaciones al patrimonio público o estructuras de crimen organizado.

“Aquellos delitos graves de crimen organizado que afecten el erario público deberían quedar fuera de este tipo de acuerdos, porque comprometen el futuro del país y afectan las necesidades de la población”, afirmó.

Olmos también cuestionó la actuación de fiscales y jueces al momento de aprobar estos mecanismos y consideró que cualquier beneficio debe ser proporcional al daño y al perjuicio causado.

El debate se produce mientras continúan las investigaciones por la presunta defraudación a la DGI, un caso en el que las autoridades buscan determinar el alcance de la trama, las responsabilidades individuales y la posible participación de otros implicados.

Con información de Jorge Quirós