Back To The Future
En vivo
El Consejo de Gabinete aprobó autorizar a la Autoridad Marítima de Panamá a solicitar por escrito toda la información legal y financiera sobre la compra y venta del capital accionario del 90% de la empresa Hutchison Ports PPC, esto tras conocerse el acuerdo inicial al que habría llegado CK Hutchison Holdings Ltd., con el consorcio estadounidense BlackRock-TiL.
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, señaló que es un derecho inalienable de nuestro país proteger y garantizar los mejores intereses para con nuestros ciudadanos a través de la explotación de los bienes públicos, como son los puertos nacionales, aunado al hecho potencial económico de los mismos.
Destacó que la información que se solicitará a la empresa es referente a la transacción, ya que no se tiene mayores detalles sobre la misma.
Sobre las auditorías que realiza la Contraloría, Orillac dijo que es un proceso que se ha iniciado previo a que se dieran los hechos noticiosos correspondientes a esta compra-venta.
“Esa fue una decisión del Contralor General de la República, iniciado el mes de enero, si mal no recuerdo, y que no solamente es con la concesión de Panamá Ports, se va a dar con todas las otras concesiones del Estado, pero inició con esta. Entonces, son hechos aislados y esa auditoría debe concluir, y esto no es una situación que limita a la misma. El Contralor debe concluir, o la Contraloría General de la República debe concluir con dicha auditoría”, manifestó.
Aclaró que el canal de Panamá no tiene absolutamente nada que ver con la concesión de los puertos. “La concesión de los puertos obedece a una potestad que tiene el gobierno de Panamá, a través de la Autoridad Marítima de Panamá, en otorgar concesiones portuarias, y no tiene absolutamente nada que ver con el canal y el funcionamiento del Canal de Panamá”.
Señaló que, la relación que pueda haber con este nuevo adquirente de las acciones, que en principio por la noticia está siendo objeto de una compra-venta, es una relación que en principio debe ser aprobada por el Consejo de Gabinete.
Resaltó que también será importante saber si la empresa compradora está anuente a los procesos que ha iniciado la Contraloría General de la República.