Repetición: Jelou!
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Ciudad de Panamá/El contralor general de la República, Anel “Bolo” Flores, detalló la auditoría realizada a Panama Ports Company, cuyos resultados calificó como “muy serios”, afirmando que “lo que hemos encontrado es inaudito”.
Flores anunció que se presentarán acciones legales ante el Ministerio Público y explicó cómo, poco a poco, el Estado dejó de percibir ingresos derivados de esta negociación. El contrato se firmó en 1997, pero, según indicó, fue en 2012 —cuando se emitió la resolución de equiparación— que el país comenzó a dejar de ganar ingresos significativos.
El contralor Flores llamó la atención sobre el funcionamiento de las subsidiarias o filiales involucradas, señalando que, entre 2015 y 2023, las ganancias disminuyeron drásticamente: de 22 contenedores netos, la cifra bajó a 11 y eran pagados a subsidiarias. “Aquí no importa cuánto produces; entre más contenedores mueves, menos ganas. Hay $478 millones que se pagaron a esa subsidiaria”, afirmó.
Indicó que Panama Ports Company ha declarado que esas empresas no son subsidiarias ni concesionarias. “Entonces, ¿Qué son? Fantasmas que están allí. Es un chiste de mal gusto. Esas empresas están, en estos momentos, bajo la lupa de la DGI”, aseguró Flores.
Respecto a quién debía evitar la renovación del contrato, Flores responsabilizó al excontralor Gerardo Solís. Explicó que el informe de 2021 señalaba taxativamente falencias en el cumplimiento del contrato y la imposibilidad de constatar muchos aspectos, en parte porque la mayoría de las gestiones se realizaron virtualmente debido a la pandemia.
Anunció que hará pública la auditoría realizada durante la administración de Solís, ya que, según él, se manejó en secreto y “nunca debió hacerse así”. Aseguró que los auditores cumplieron con su trabajo, pese a que se enfrentaron a una empresa “hostil, que no ha cooperado y no nos ha dado la información que necesitamos”. Sin embargo, dijo: “Al final encontramos lo que queríamos encontrar”.
En 2021, en una conferencia de prensa el excontralor Solís manifestó que "esto es muy importante, este va a ser un análisis que le corresponde al Órgano Ejecutivo, no a la Contraloría; lo dejamos claro. Esta es una rendición de cuentas con transparencia de la auditoría efectuada al cumplimiento del contrato por parte de la Contraloría.
“El contrato establece, como ley de la República, que, si la empresa está en cumplimiento de las obligaciones básicas del contrato, se produce una prórroga automática (…)”, acotó.
Flores también criticó a la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a la que le correspondía revisar la concesión. “Ellos cogieron el número editorial nuestro para una auditoría que hizo la AMP y que la hicieron en tres días. Por eso digo que hay malos panameños. O eres tan bruto —que no creo—, o no sabes negociar, o lo hiciste con alevosía. Aquí tiene que haber algo más, porque todo el mundo negoció a favor de la empresa. La camiseta de Panamá nadie se la puso. Tenemos un contrato leonino”.
En cuanto a la falta de refrendo, señaló que la nueva Junta Directiva de la AMP —de la cual forma parte solo con voz, no con voto— deberá decidir sobre las acciones a tomar. Adelantó que se someterá a consideración la nueva auditoría y que corresponde a la AMP tomar las decisiones administrativas.
En el plano penal, indicó que presentarán querellas contra quienes integraban la directiva de la AMP. “En reiteradas notas se ha pedido a Panama Ports que envíe el contrato refrendado, pero no lo han hecho, porque no existe”.
En 2021, el gobierno de Panamá extendió por 25 años la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal a Panama Ports Company (PPC). Para ese entonces, habrían estado al frente a la junta directiva de la AMP:
Flores dejó claro que el inicio de las auditorías no está relacionado con presiones de Estados Unidos. “Yo he estado revisando desde hace mucho tiempo los dividendos que recibe Panamá de todas las empresas en las que es socio. En 2014, recibíamos casi 180 millones de dólares en dividendos; el año pasado, apenas 80 millones de todas estas compañías”.
Anunció que evaluarán todas las empresas donde el Estado tiene participación, cuestionando: “¿Cómo es posible que el Producto Interno Bruto haya crecido 30 mil millones de dólares entre 2014 y 2024, pero estemos recibiendo cada vez menos?”
Sobre la seguridad jurídica, explicó que en Panamá se suele utilizar para proteger al imputado, pero no a la víctima. Señaló que esta debe prevalecer únicamente cuando hay legalidad y contratos serios y correctos, condiciones que, según él, no se cumplen en este caso.
Finalmente, anunció que también pondrá atención en las tarifas del movimiento de contenedores en todos los puertos del país.