Las explicaciones están del lado del excontralor Solís en caso Panama Ports, afirma Barsallo
Ciudad de Panamá/El reciente anuncio del contralor general de la República, Anel “Bolo” Flores, sobre los hallazgos en la auditoría a la concesión de Panama Ports ha generado una ola de reacciones en distintos sectores.
Entre ellas, destaca la del abogado Carlos Barsallo, miembro de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, quien cuestionó la falta de controles desde el inicio del contrato y advirtió sobre el costo que representan para el país las omisiones en la gestión de bienes públicos.
El Contralor Flores reveló que la auditoría identificó tergiversaciones, ausencia de refrendo en la renovación del contrato y un perjuicio económico estimado en al menos 1.2 billones de dólares para el Estado.
A raíz de estas declaraciones, figuras del ámbito jurídico y de la sociedad civil han alzado la voz, exigiendo transparencia y una revisión profunda de cómo se manejan las concesiones estatales.
Barsallo insistió en la importancia de establecer desde el principio “buenos contratos” y advirtió que demoras en la acción de las juntas directivas pueden convertirse, años después, en conflictos legales difíciles de resolver debido a figuras como la prescripción.
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Una de las cosas que mencionó ayer el contralor es que los términos del contrato fueron modificados y renovados durante el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, pero dicho contrato no fue refrendado por el excontralor Gerardo Solís.
Es decir, que la Autoridad Marítima de Panamá habría avalado la extensión de la concesión sin refrendo de la Contraloría. De acuerdo con Barsallo, esto llama poderosamente la atención: “La mesa está servida para una controversia. Las explicaciones están del lado del excontralor, que tiene que rendir cuentas”.
Cabe recordar que en una conferencia de prensa el excontralor Gerardo Solís manifestó que "Esto es muy importante, este va a ser un análisis que le corresponde al Órgano Ejecutivo, no a la Contraloría; lo dejamos claro. Esta es una rendición de cuentas con transparencia de la auditoría efectuada al cumplimiento del contrato por parte de la Contraloría".
“El contrato establece, como ley de la República, que, si la empresa está en cumplimiento de las obligaciones básicas del contrato, se produce una prórroga automática (…)”, acotó.
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Además, recordó que el equipo técnico de la Contraloría es el mismo que trabajó con Solís y que, en ambos casos, hubo hallazgos distintos. “Eso nos demuestra que, en las organizaciones, las cabezas son importantes, porque los hallazgos pueden variar dependiendo de lo que se les pida”.
El abogado considera que judicializar estos casos podría no terminar bien, por lo que apeló a ver el tema desde la esfera administrativa.
Dijo que espera lo mejor y que todos los que deban cumplir su labor en la esfera pública lo hagan bien. Barsallo contó que ha vivido situaciones similares y sabe lo que sucede: hace 20 años llevó uno de los mayores fraudes del ámbito privado al Ministerio Público, pero no pasó nada.
El contralor Flores anunció que se presentarán acciones legales ante el Ministerio Público. La Autoridad Marítima de Panamá habría “tergiversado” la auditoría para la renovación del contrato.
“El perjuicio para la República ronda los 1.2 billones de dólares, a razón de aproximadamente 55 millones por año que dejamos de percibir como país”.