Contrato Minero: ¿Porqué se está protestando en Panamá?

Ciudad de Panamá, Panamá/La firma de un nuevo contrato minero con la empresa Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals, pese al rechazo ciudadano podría llevar al país y al gobierno del Partido Revolucionario Democrático a enfrentar una nueva crisis social, como la vivida hace poco más de un año por el alto costo del combustible y los alimentos.

Pero, ahora la situación no se trata de una ayuda social que está solicitando la población, sino de algo más grande, la derogación de una ley que avala el contrato entre el Estado y Minera Panamá, y que pudiera traer repercusiones económicas al país.

Pero, el rechazo a este contrato no inició el pasado viernes cuando, a tambor batiente, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley, ni cuando en una rápida acción, el presidente Laurentino Cortizo estampó su firma en el documento y autorizó su promulgación en gaceta oficial.

Las manifestaciones en contra del contrato minero, aunque minúsculas, empezaron a finales de marzo, cuando el Gobierno anunció que había llegado a un acuerdo con la empresa y se conoce por primera vez lo negociado por ambas partes.

Frases como:

• Expropiación de tierras
• Restricción del espacio aéreo
• Extensión de concesión de tierras
• Vigencia del contrato por 20 años prorrogables
• Pago mínimo de 375 millones de dólares

Entre otras cosas referentes a lo ambiental encendieron las alarmas de parte de la población, sobre todo de ambientalistas y las comunidades de Donoso y Omar Torrijos, donde se da la actividad minera.

Desde aquel entonces, pequeños grupos se han manifestado en contra de la aprobación del proyecto de ley que avalaba el contrato.

El Gobierno realizó una “consulta ciudadana” por medio de la plataforma Ágora, misma donde los panameños acordaron una moratoria minera en el Pacto del Bicentenario, pero, esta consulta “no sería vinculante”, solo se agregó a La Pintada dentro de las comunidades que recibirían el Fideicomiso.

Discusión en la Asamblea Nacional

El 3 de agosto, el borrador llegó a la Asamblea Nacional y el pasado 28 de agosto, arribó a la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, donde se discutiría en primer debate. Desde ese momento, las protestas fueron arreciando, grupos ambientalistas y otros de la sociedad civil se manifestaban en las afueras del hemiciclo, mientras en el interior se vertían opiniones a favor o en contra del mismo.

Incluso se hicieron giras a las comunidades de Donoso y Omar Torrijos, donde la mayoría de los participantes manifestaron su rechazo, preocupados por ese artículo que hablaba de la expropiación de tierras.

Pero, en La Pintada el escenario fue distinto, allí se encontraron a más personas a favor del contrato, quienes decían estar defendiendo su plaza laboral.

Cambios al texto original

Pasada las consultas ciudadanas, un grupo de diputados que conforman la Comisión de Comercio decidió suspender la discusión del proyecto y recomendó al Ejecutivo retirarlo.

Una vez el Ejecutivo retiró el proyecto, se sentó a negociar con la empresa Minera Panamá, según indicó el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, en el primer debate, algunos puntos álgidos surgidos durante las consultas ciudadanas.

En al menos una semana resolvieron:

• Se elimina del contrato la cláusula que permitía a Minera Panamá solicitar restricciones al espacio aéreo
• Se elimina del contrato el derecho de solicitar expropiación y de impugnar títulos considerados ilegales
• Se elimina el derecho de Minera Panamá de solicitar al Estado clasificar la identidad de beneficiarios finales de acceso restringido
• Se elimina el uso del contrato como referencia para otras concesiones minerales
• Se aclara que Minera Panamá solo puede extraer, y explotar el cobre en el área de concesión de Donoso y Omar Torrijos
• Se establecen mayores límites territoriales al ámbito de la operación
• Se incluye una cláusula reafirmando que nada en el mismo restringe ni limita la soberanía de Panamá
• Será el Estado quien determina cómo se usarán los ingresos del contrato

El contrato con las modificaciones fue presentado el pasado lunes 16 de octubre en el pleno de la Asamblea Nacional, el 18 en una confusa situación, con información que iba y venía, pasada las 2:00 pm, se inició la discusión en primer debate, y en menos de siete horas ya estaba aprobado.

El jueves 19 de octubre, la discusión en segundo debate llevó un poco más de tiempo, los diputados tendrían 30 minutos para exponer sus argumentos y dos turnos para hacerlo, se aprobó sesión permanente hasta agotar el debate y se aprobó una sesión extraordinaria para continuar la discusión en tercer debate, el viernes 20 de octubre.

El vienes, a los diputados les fue suficiente poco menos de una hora para aprobar en tercer debate el polémico contrato que, tras haber regresado del Ejecutivo con modificaciones, pocos fueron los que tuvieron la oportunidad de leerlo, pero que, según defendió el diputado Roberto Ábrego, el contenido era 98% igual al original.

No obstante, no solo la Asamblea aprobó a tambor batiente, la sanción por parte del presidente Cortizo, ha sido quizás una de las acciones más rápidas de su gobierno, la Ley 406 fue publicada en Gaceta Oficial pasada las 7:00 pm, de ese mismo viernes.

Una sanción que llegó en medio de protestas, ahora sí magnificadas, pues, gremios docentes, estudiantes, sindicatos, grupos de la sociedad civil unieron su voz en rechazo al contrato, pidiendo al mandatario su veto.

Durante el fin de semana, estos grupos se manifestaron en diferentes puntos, uno de ellos fue la Cinta Costera, pero, este lunes, la jornada de protesta fue a nivel nacional y extensa, al punto que en algunos sitios el cierre ha sido declarado indefinido.