Corrupción y desconfianza marcan el pulso ciudadano en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/Mientras Panamá es sede del Foro Económico Internacional para América Latina y el Caribe 2026, un espacio donde líderes regionales debaten sobre desarrollo y crecimiento económico, el país continúa enfrentando un problema que preocupa de forma creciente a la ciudadanía: la corrupción.

Así lo refleja una reciente encuesta del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps), con datos de diciembre de 2025, citada por Carlos Barsallo, abogado y miembro de la Fundación Libertad Ciudadana. De acuerdo con el estudio, el 37% de los panameños considera la corrupción como el principal problema nacional.

Barsallo calificó el dato como llamativo, ya que supera a otras preocupaciones tradicionalmente prioritarias para la población, como el desempleo (23%), el costo de la vida (8%) y la situación del sistema de salud (2.9%).

La percepción negativa va en aumento: el 62% de los encuestados considera que la corrupción ha crecido en el país, mientras que apenas un 9.6% cree que ha disminuido. Para el abogado, esta conciencia ciudadana es relevante, aunque encierra una paradoja.

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“El panameño identifica la corrupción casi exclusivamente en el sector público, especialmente en los partidos políticos, el Órgano Ejecutivo, la Asamblea Nacional y el Órgano Judicial, pero percibe un grado mucho menor de corrupción en la empresa privada y en la ciudadanía común”, explicó Barsallo.

Sin embargo, otras encuestas regionales revelan una contradicción aún más marcada: Panamá figura entre los cinco países de América Latina donde más se pagan sobornos, lo que indica una participación activa de la población en estas prácticas.

A ello se suma otro fenómeno preocupante: pese al rechazo generalizado a la corrupción, los ciudadanos continúan eligiendo autoridades con procesos o cuestionamientos judiciales. Además, el 78.5% de los panameños considera que, si denuncia un caso de corrupción, “no va a pasar nada”, lo que refleja una profunda desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.

En relación con la aprehensión del exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, investigado por varios delitos, entre ellos enriquecimiento injustificado, Barsallo señaló que se trata de un caso “interesante” que apenas comienza y que seguirá generando repercusiones en el ámbito político y judicial del país.