La corrupción sigue pasando factura, pero en la Asamblea las propuestas para sancionarla siguen estancadas

Los panameños continúan enfrentando las consecuencias de actos de corrupción del pasado y del presente. Sin embargo, en la Asamblea Nacional, más de una decena de iniciativas destinadas a endurecer sanciones y prevenir estos hechos permanecen sin avance.

La exdiputada Ana Matilde Gómez, quien impulsó propuestas anticorrupción durante su gestión, reflexionó sobre los cerca de 29 proyectos presentados en el actual quinquenio, algunos provenientes de la Procuraduría y otros de diputados, que aún no han llegado al debate en el pleno.

Gómez señaló que la falta de respaldo de la bancada oficialista al proyecto presentado por el procurador Luis Gómez tiene una clara lectura política.

Destacó que estas iniciativas buscan fortalecer la rendición de cuentas en contrataciones directas, cerrar espacios de impunidad en la contratación pública y regular los conflictos de interés, entre otros aspectos. No obstante, muchos de estos proyectos ni siquiera han sido prohijados o discutidos en primer debate.

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“Debería poder, mínimamente, haber acuerdo en que las reglas del juego dentro de la propia Asamblea deben cambiar, porque existen limitantes estructurales”, expresó.

Sobre la contratación de empresas condenadas por corrupción, la también exprocuradora cuestionó qué falta para impedir que sigan recibiendo contratos.

“Cada vez que una obra se hace mal, producto de la coima, baja la calidad… y eventualmente puede colapsar un hospital, un puente o distribuirse medicamentos vencidos”, advirtió.

Enfatizó que es clave a qué empresa se contrata y bajo qué condiciones, señalando que elegir compañías corruptas responde, muchas veces, a redes de intereses.

Cuando se escoge una empresa que paga coimas, es porque hay facilidad de comunicación entre coimeros”, afirmó.

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Conflicto por la recolección de basura en San Miguelito

La exdiputada también se refirió al pronunciamiento de la Procuraduría de la Administración sobre el conflicto entre el Municipio de San Miguelito y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) por la recolección de basura.

Gómez sostuvo que la autonomía municipal es de rango constitucional, por lo que la AAUD no debía intervenir en una decisión adoptada por la alcaldesa Irma Hernández, como máxima autoridad del distrito.

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Además, valoró el criterio de la Procuraduría, señalando que la actuación del Gobierno fue incorrecta y respondió a un intento de debilitar la gestión de la alcaldesa, quien busca transformar el sistema de recolección.

A su juicio, ahora corresponde retomar los procesos de licitación, esperando que no se vuelva a obstaculizar una propuesta que plantea una forma distinta de hacer política.

Finalmente, cuestionó que se intente frenar a las nuevas generaciones por tener visiones innovadoras.

“A los jóvenes no hay que anularlos, sino guiarlos y acompañarlos”, concluyó.