Solicitud de cancelación del pasaporte de Martinelli, sin respuesta
La solicitud que hicieran varios abogados querellantes para que se le cancele el pasaporte al expresidente y diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Ricardo Martinelli, no recibió respuesta este lunes, 21 de diciembre, durante la audiencia donde el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sí se decretó la detención preventiva del exmandatario.
El primero en hacer la solicitud de cancelación y extradición de Martinelli fue el abogado Ángel Álvarez, quien representa a la diputada del Partido Revolucionario Democrático Zulay Rodríguez, el abogado Miguel Antonio Bernal, la dirigente magisterial Yadira Pino y el diputado del PRD Yassir Purcait.
Esta mañana en Noticias AM, Álvarez dijo que los querellantes no descartan interponer algún recurso para que la CSJ se pronuncie sobre esa demanda.
Agregó el jurista que su petición estaba encaminada a que se aplicara una restricción a la libertad de Martinelli, a fin de garantizar su comparecencia ante el tribunal, durante el proceso.
“Nuestra solicitud era de aprehensión, que es un mecanismo intermedio que permite el Código Procesal previo a la imputación, pero la Corte optó por la detención preventiva como mecanismo más enérgico”, acotó.
Igualmente, dijo que con la cancelación del pasaporte el expresidente Martinelli no podría salir de Estados Unidos, ni tomar un avión para movilizarse hacia otro estado.
“En este momento puede irse a cualquier destino porque no hay garantía de que se va a mantener en el lugar”, reiteró González.
El abogado recalcó que esperaban que los magistrados emitieran la orden de extradición y resolvieran todo en un solo acto.
“Deja un sin sabor que se dilate la medida y no se diga nada de nuestra petición”, sentenció.
Por otro lado el abogado explicó que la medida de aprehensión intenta que la persona venga al expediente y no perdura en el tiempo ni requiere mayores exigencias.
En tanto que la detención preventiva es una medida cautelar que debe cumplir con ciertos parámetros del Código Procesal, con el cumplimiento de la pena mínima que existe para cada delito y su respectivo procedimiento, argumentó González.
