Panamá declara de interés nacional su acercamiento a la OCDE y activa hoja de ruta institucional
La medida busca otorgar prioridad política, técnica y administrativa a las acciones necesarias para avanzar hacia una membresía plena, en un contexto donde el país ya había manifestado su intención de adhesión desde junio de 2025.
Panamá/Panamá dio un paso formal hacia su eventual ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al declarar de interés nacional el proceso de acercamiento a este organismo internacional, mediante el Decreto Ejecutivo 17 firmado este 8 de abril de 2026.
La medida busca otorgar prioridad política, técnica y administrativa a las acciones necesarias para avanzar hacia una membresía plena, en un contexto donde el país ya había manifestado su intención de adhesión desde junio de 2025.
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El decreto establece que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será la entidad encargada de coordinar y dirigir todo el proceso, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, articulando esfuerzos entre instituciones públicas, empresas estatales y otros actores involucrados.
Como parte de la estructura creada, se conforma un Comité Ministerial de Alto Nivel integrado por el MEF, la Cancillería y el Ministerio de la Presidencia, encargado de supervisar la implementación de las acciones y aprobar el plan estratégico nacional.
Además, se crea un Grupo Técnico Interno dentro del MEF que tendrá la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de estándares internacionales, identificar brechas normativas y coordinar la preparación de informes y evaluaciones requeridas por la OCDE.
El decreto también obliga a todas las entidades del sector público a colaborar activamente con el proceso, proporcionando información y apoyo técnico, así como designando enlaces institucionales para garantizar la ejecución de las tareas.
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Según el documento, el acercamiento a la OCDE permitirá fortalecer la calidad institucional del país, mejorar la transparencia y adoptar buenas prácticas internacionales en materia económica, social y administrativa.
Las acciones derivadas de este proceso se financiarán con los recursos ya existentes en las entidades del Estado, sin generar nuevas asignaciones presupuestarias específicas.
Con esta decisión, Panamá formaliza una estrategia de Estado orientada a alinearse con estándares internacionales y reforzar sus capacidades institucionales, en un proceso que podría redefinir su posicionamiento en la gobernanza económica global.