Decretan detención provisional a exfuncionaria del MIDA por peculado en combustible superior a los $600 mil
El Tribunal de Apelaciones revocó las medidas cautelares a la exfuncionaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) tras estimar un perjuicio de más de $600,000 al Estado.
Ciudad de Panamá, Panamá/Una exfuncionaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) mantendrá detención provisional después de que el Tribunal de Apelaciones revocara las medidas cautelares que le habían sido impuestas inicialmente por peculado doloso y blanqueo de capitales, así lo dio a conocer el Ministerio Público.
La decisión unánime del tribunal cambió las medidas de reporte periódico e impedimento de salida del país por la detención, argumentando que se trata de delitos de naturaleza grave con elementos probatorios suficientes y un perjuicio económico que supera los $600,000. La funcionara mantendrá esta nueva medida cautelar durante el periodo en que se desarrollan las respectivas investigaciones relacionadas con el caso al que se le vincula.
La investigación se centra en el uso irregular de tarjetas comodines de combustible del MIDA ocurrido entre 2018 y 2022. La imputada, quien se desempeñaba como jefa de la Sección de Suministro y Control de Combustible del ministerio, tenía bajo su responsabilidad gestionar y controlar el consumo de combustible de todas las regionales de la institución.
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Según la Fiscalía Anticorrupción, la exfuncionaria utilizó estas tarjetas para sustraer combustible en estaciones de servicio asociadas a una empresa distribuidora, incumpliendo sus funciones institucionales y elaborando informes fraudulentos. Durante la audiencia de garantías celebrada el domingo 29 de junio, la mujer había recibido inicialmente medidas menos restrictivas, pero la fiscalía apeló la decisión por considerar insuficientes las medidas cautelares.
El caso no se limita a la exfuncionaria del MIDA. De acuerdo con autoridades judiciales, la investigación incluye a otros funcionarios y particulares que podrían haber participado o recibido beneficios de esta red de irregularidades.
Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República cuantificó el perjuicio económico al Estado en $621,241.62, derivado de despachos de combustible no autorizados. El documento señala directamente a la servidora pública imputada como la responsable del manejo de los fondos involucrados en el esquema.
