Decretan medidas cautelares a representantes y tesoreros de juntas comunales de Chiriquí, entre 2019 y 2025, por peculado
Tres funcionarios de juntas comunales se mantendrán detenidos de forma provisional tras presunto desvío de fondos sociales por más de seis años.
Chiriquí/El Tribunal Superior de Apelaciones de Chiriquí endureció las medidas judiciales contra cuatro personas acusadas de desviar fondos públicos del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS) entre 2019 y 2025. En tres audiencias celebradas esta semana, los magistrados ordenaron prisión provisional para tres de los imputados y mantuvieron medidas cautelares para una cuarta persona.
Los casos involucran a funcionarios y exfuncionarios de las juntas comunales de Volcán, Solano y Guayabito, quienes enfrentan cargos por peculado agravado y sustracción de documentos públicos que habrían causado perjuicios económicos a la Autoridad Nacional de Descentralización.
En la primera audiencia, celebrada el lunes 4 de agosto, los magistrados Carlos Valentín Rivas Alarcón, Jackeline Montenegro y Carlos Daniel Fajardo Morales tomaron una decisión por mayoría que envió a prisión preventiva al exrepresentante del corregimiento de Volcán, en el distrito de Tierras Altas.
El único voto disidente fue del magistrado Rivas Alarcón, quien fungió como ponente del caso. La decisión revocó las medidas cautelares inicialmente impuestas por la jueza de garantías de primera instancia.
Sin embargo, el mismo tribunal fue unánime al mantener medidas más leves para la extesorera de la junta comunal de Volcán. Ella deberá reportarse tres veces por semana en la Casa de Paz local y tiene prohibido acercarse a las instalaciones de las juntas comunales de Volcán y Cordillera.
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Funcionarios actuales de Solano también a la cárcel
El martes 5 de agosto se llevó a cabo la audiencia contra los dirigentes de la Junta Comunal de Solano. Por decisión unánime, los magistrados ordenaron detención provisional tanto para el representante en funciones como para el tesorero de esta comunidad del distrito de Bugaba.
El miércoles 6 de agosto, en la tercera y última audiencia de la semana, se vincula al caso del funcionario de Guayabito, en la Comarca Ngäbe Buglé. Los magistrados revocaron la medida de detención provisional inicialmente decretada y establecieron un régimen de medidas cautelares menos restrictivo. El imputado deberá presentarse los lunes y viernes ante la Personería de Ñurum, no puede salir de la provincia de Chiriquí y tiene prohibido acercarse tanto a funcionarios como a las instalaciones de la Junta Comunal de Guayabito.
Los tres casos fueron manejados por un equipo de la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público, conformado por Johana Osorio, Yuli Fuentes y Jorge Troncoso. La representación legal de los imputados estuvo a cargo de defensores particulares para los casos de Volcán (José Altamirano y Víctor Pittí) y Solano (Carlos Caballero y Edwin Álvarez), mientras que el funcionario de Guayabito fue asistido por el defensor público Andrés Solís.
Los procesos judiciales se iniciaron tras un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que reveló presuntas irregularidades en el manejo de recursos del PDIS durante un período de seis años, desde 2019 hasta 2025. El Programa de Desarrollo de Interés Social está diseñado para canalizar recursos del Estado hacia proyectos comunitarios que beneficien directamente a las poblaciones más vulnerables del país. Sin embargo, según la investigación fiscal, estos fondos habrían sido desviados de su propósito original.