Derechos Humanos en Panamá: Brechas profundas y falta de protección, el diagnóstico de la Defensoría del Pueblo

Panamá/Aunque el país registra avances institucionales y un mayor seguimiento a las vulneraciones de derechos, un nuevo informe de la Defensoría del Pueblo revela que Panamá aún enfrenta profundas brechas estructurales que afectan de manera directa a mujeres, niños, personas mayores, comunidades indígenas y sectores en condición de vulnerabilidad.

Persisten brechas graves en el goce efectivo de los derechos humanos. Estas brechas afectan con particular intensidad a personas y comunidades en situación de vulnerabilidad y evidencian fallas estructurales en la prestación de servicios públicos esenciales", se le en el informe.

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El Informe de Situación de los Derechos Humanos 2025 identifica fallas persistentes en servicios esenciales como agua potable, salud, transporte, educación y seguridad ciudadana.

Según el documento, inspecciones y quejas ciudadanas demuestran que no existe acceso continuo ni seguro al agua potable en varias regiones del país, especialmente en zonas rurales y comarcales. Problemas similares se observan en los hospitales y centros de salud, donde la falta de medicamentos, demoras en cirugías y equipos deteriorados comprometen el derecho a una atención oportuna.

Falta de acceso continuo y seguro al agua potable, deficiencias graves en infraestructura educativa, denuncias reiteradas por uso excesivo de la fuerza en contextos de protesta social y retrasos prolongados en servicios médicos, especialmente en áreas rurales, comarcales e indígenas", indica el informe.

En materia educativa, la Defensoría constató infraestructuras deterioradas, falta de personal y servicios básicos inestables, lo que impacta el aprendizaje y retrasa el inicio de clases en múltiples centros escolares. A ello se suma una pérdida acumulada de 490 días de lecciones entre 2020 y 2025 debido a la pandemia y a huelgas docentes.

La realidad educativa del país refleja… pérdida acumulada de más de 490 días (entre el 2020 al 2025) de clases presenciales por pandemia y huelgas docentes".

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Violencia y desigualdad de género: un desafío urgente

El informe advierte sobre barreras persistentes para la protección de mujeres, denunciando demoras institucionales, rutas de atención fragmentadas y un aumento de casos de violencia, incluido el femicidio. Las mujeres indígenas, rurales, afrodescendientes y migrantes enfrentan condiciones particularmente adversas. Además, la violencia en relaciones entre adolescentes está siendo “normalizada”, según espacios consultivos juveniles analizados por la Defensoría.

El aumento de casos de femicidio y la reiteración de patrones de violencia en distintas provincias revelan falencias en la articulación entre los actores del sistema de justicia", dice el informe.

Niñez en riesgo

Los diagnósticos incluyen situaciones graves que afectan a la niñez, entre ellos:

• Racismo y discriminación persistente contra niñas, niños y adolescentes afrodescendientes.
• Fallas en entornos escolares, incluido acoso, falta de adecuaciones para estudiantes con discapacidad y condicionamiento del derecho a estudiar por morosidad.
• Fallos críticos en la activación de la Alerta Amber, cuyo funcionamiento se ve afectado por demoras y por la negativa de empresas telefónicas a asumir el costo de mensajes masivos.

Además, el informe indica que la alerta para localizar menores desaparecidos “no puede ser tratada como un negocio”.

Personas mayores, con discapacidad y privadas de libertad: derechos vulnerados

La Defensoría señala, además señala que aún hace falta de accesibilidad y estabilidad laboral para personas con discapacidad, que hay deficiencias en centros de larga estancia para personas mayores, donde se han detectado prácticas que afectan su dignidad y hacinamiento, insalubridad y acceso limitado a salud para la población privada de libertad, situación que viola estándares internacionales como las Reglas Mandela.

El hacinamiento y la insalubridad persisten como problemas estructurales, afectando la salud física y mental de las personas privadas de libertad". Además, añade que "la oferta de programas educativos, laborales y terapéuticos es insuficiente, restringiendo las oportunidades de reinserción social".

Ambiente y protestas sociales: riesgos y tensiones

El informe confirma riesgos ambientales en vertederos, contaminación hídrica, malas prácticas de disposición de residuos y desafíos de comunidades afectadas por proyectos hídricos o por el cambio climático, como Gardí Sugdub. También documenta uso excesivo de fuerza en protestas sociales, detenciones irregulares y la necesidad de fortalecer protocolos policiales.

En medio de todos estos hallazgos la Defensoría recomienda al Estado cerrar estas brechas, por ejemplo:

• Garantizar acceso continuo a agua potable y servicios de salud, incluida la salud mental.
• Proteger de manera eficaz a mujeres, niños y adolescentes, mediante rutas claras y presupuestos específicos.
• Fortalecer el sistema de justicia penal con un enfoque en víctimas.

Mejorar la gobernanza ambiental y la gestión de residuos.

• Asegurar accesibilidad y autonomía para personas mayores y con discapacidad.
• Garantizar el funcionamiento rápido y gratuito de la Alerta Amber en todo el país.

El informe concluye que el país requiere acciones urgentes y sostenidas para garantizar los derechos humanos de todas las personas y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones.

Lea aquí el informe: